Álvaro Uribe pidió investigar a Miguel Ángel del Río por presunto falso testimonio: el abogado respondió y lo tildó de “cobarde”

Los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo, solicitando la investigación de Juan Guillermo Monsalve, su exesposa Deyanira Gómez y el abogado Miguel Ángel del Río por la presunta manipulación y eliminación de pruebas clave en el caso que involucra al exmandatario.

Según los defensores de Uribe, estos actos no solo ponen en entredicho la validez del proceso judicial, sino que también constituyen delitos graves como fraude procesal y falso testimonio.

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La denuncia, que consta de 60 páginas, destaca que un informe pericial alertó sobre la alteración de dos relojes con cámara que Monsalve utilizó para grabar encuentros en la cárcel La Picota, donde supuestamente se le hicieron ofrecimientos para que se retractara de sus acusaciones.

“Los relojes grabadora, con los cuales supuestamente el interno Monsalve realizó las grabaciones que aportó a la Corte Suprema de Justicia fueron, recientemente, entregados a la Fiscalía General en condiciones materiales que hacen imposible la extracción de su contenido”, reza el documento.

Los abogados de Uribe enfatizan que Monsalve, en colaboración con Deyanira Gómez y Miguel Ángel del Río, actuaron de manera dolosa para ocultar información crucial para el proceso. “En la denuncia se advierte que Monsalve Pineda habría incurrido en fraude procesal, falso testimonio y ocultamiento de elementos materiales probatorios”, detalla el escrito. A su vez, se pide establecer la participación del abogado del Río, quien, como se ha manifestado en audiencias previas, tenía la custodia de los relojes de Monsalve.

El abogado Del Río ha sido criticado por no cumplir con las citaciones de la Fiscalía General para entregar los dispositivos, limitándose a enviar un correo electrónico con un enlace. Esta evasión, argumenta la defensa de Uribe, es “un intento deliberado de eludir la entrega de información”, que ya había sido ordenada por un juez.

Sin embargo, a comienzos de septiembre, el mismo abogado había asegurado, en entrevista con El Tiempo, que sí entregó el material probatorio a la Fiscalía: “Sí, les entregamos a Fiscalía y defensa de esos elementos materiales probatorios, eso será objeto de debate”.

En su momento, Del Río aclaró sobre el papel de los otros implicados en el caso: “Un testimonio muy importante será el de Deyanira Gómez, para establecer cómo llegaron esas grabaciones en un reloj a la Corte Suprema; el propio Juan Guillermo Monsalve también tendrá un papel importante en juicio con su declaración estableciendo cómo fueron sus conversaciones con Cadena, y el interés que tenía el abogado de llevar a engaño o pedirle a Monsalve que cambiara su versión con el propósito de favorecer a Álvaro Uribe”.

Miguel Ángel del Río respondió a la denuncia que interpuso la defensa del exsenador Álvaro Uribe Vélez en su contra y anunció que también interpondrá una denuncia. A través de su cuenta en X, el jurista señaló: “Éxitos con esa denuncia temeraria. Será denunciado por el delito de falsa denuncia. La única alternativa que les queda es desviar la atención y buscar que les prescriba la acción penal. Cobardes”.

Además de Monsalve y Del Río, la denuncia también incluye al ingeniero John Harvey González Sánchez. Este último, quien redactó el informe sobre los elementos incautados a Monsalve, es acusado de haber proporcionado datos inexactos. “Habría sido editada la grabación aportada a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (...) por Deyanira Gómez Sarmiento”, indica la denuncia, sugiriendo que las grabaciones fueron manipuladas para desvirtuar los hechos y presionar a Monsalve para que retractara sus acusaciones contra Uribe.

Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia es la afirmación de que algunos archivos borrados fueron “encontrados recientemente en la USB aportada el 26 de febrero de 2018 por Deyanira Gómez Sarmiento”. Esto sugiere que existió una manipulación deliberada de las pruebas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, afectando directamente el debido proceso.