El exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez tendrá que seguir en la cárcel Picota: la Corte Suprema de Justicia le negó la libertad

La Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió mantener en prisión al exsenador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, negando así la solicitud de libertad presentada por su defensa. Esta decisión fue tomada bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, que argumentó que no se cumplían los términos necesarios para conceder la libertad por vencimiento de términos, según lo estipulado en la legislación vigente.

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“PRIMERO: DENEGAR la solicitud de libertad por vencimiento de términos invocada por la defensa de CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS”, se lee en el fallo.

El fallo judicial, que se basa en los artículos 189 y 191 de la Ley 600 de 2000, permite a la defensa de Ramírez Cortés interponer recursos de reposición y apelación. Estos recursos son mecanismos legales que podrían ser utilizados para intentar revertir la decisión del tribunal, aunque no garantizan un cambio en el resultado.

Ciro Alejandro Ramírez Cortés, que está acusado de concierto para delinquir agravado, solicitó su libertad argumentando el vencimiento de términos, según lo estipulado en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000. Este artículo establece que un procesado puede quedar en libertad si no se ha realizado la audiencia pública seis meses después de la acusación. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia denegó su solicitud, aplicando el artículo transitorio 15 de la misma ley, que duplica los términos para delitos como el que se le imputa a Ramírez.

Ramírez ha estado detenido desde el 15 de diciembre de 2023, y su acusación fue formalizada el 11 de abril de 2024, con ejecución el 18 del mismo mes. La audiencia pública de juzgamiento comenzó el 27 de septiembre de 2024. Según la decisión judicial, el delito por el que se procesa a Ramírez es competencia de la justicia especializada, lo que implica que el plazo para solicitar la libertad provisional se extiende a 12 meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación.

El artículo 365 de la Ley 600 establece que la libertad por vencimiento de términos no procede si la audiencia de juzgamiento no se ha podido celebrar por causas atribuibles al procesado o a su defensor. En este caso, la defensa de Ramírez argumentó que los términos habían vencido, pero la corte consideró que el plazo aplicable era el del artículo transitorio 15, debido a la naturaleza del delito.

La decisión de la Sala de Primera Instancia muestra que el delito de concierto para delinquir agravado requiere un tratamiento especial en cuanto a los términos procesales, lo que justifica la denegación de la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Ramírez. Esta interpretación de la ley busca asegurar que los procesos judiciales relacionados con delitos graves se manejen con el debido rigor y dentro de los plazos extendidos que la legislación contempla para tales casos.

Ciro Ramírez, senador del partido Centro Democrático, fue detenido por su presunta implicación en una red de corrupción vinculada al exsenador Mario Castaño. La Corte Suprema de Justicia emitió la orden de captura, que incluía una medida de detención en un centro carcelario.

Ramírez enfrenta acusaciones de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Las investigaciones señalan que habría participado en el esquema de corrupción conocido como “las marionetas”, liderado por Castaño, que consistía en redireccionar contratos estatales a cambio de sobornos.

En este entramado, Ramírez habría gestionado dos contratos interadministrativos en los departamentos de Quindío y Tolima, con valores de $22.173 millones y $49.460 millones, respectivamente. Los contratistas beneficiados habrían pagado alrededor de 1.000 millones de pesos en sobornos, ya que Ramírez supuestamente exigía hasta un 15% de ganancia por cada contrato firmado.

El partido Centro Democrático solicitó que se respete la presunción de inocencia del senador. La detención de Ramírez es un paso más en el esfuerzo por desmantelar redes de corrupción que afectan la confianza en las instituciones del país.