Durante una audiencia en el Congreso, la fiscal general Luz Adriana Camargo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, abordaron la problemática del sistema judicial en el país, destacando la liberación de Brayan Campo, el confeso asesino de Sofía Delgado, como un ejemplo de las fallas actuales.
Campo fue liberado debido al vencimiento de términos en un caso previo de agresión sexual, lo que se atribuyó a problemas logísticos por un colapso en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que impidió su traslado para la realización de una audiencia presencial solicitada por el juez, según informó la fiscal.
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El caso de Sofía Delgado ha generado indignación pública al revelarse que Campo tenía antecedentes por agresión sexual a otra menor. La fiscal Camargo defendió la actuación del juez, calificándola de “ponderada y sensata”, y resaltó que la decisión de exigir la presencia del acusado en la audiencia fue adecuada dada la gravedad del caso. Sin embargo, también señaló que la congestión del sistema judicial colombiano y el volumen de presos complican los traslados necesarios, lo que contribuyó al vencimiento de términos.
En medio de una audiencia sobre una reforma a la justicia, Camargo destacó la importancia de entender el contexto que permitió la liberación de Campo. La fiscal aprovechó para criticar la congestión del sistema judicial y abogó por una reforma que, entre otras cosas, contempla la posibilidad de rebajas de penas en delitos contra menores. Según Camargo, solo el 5% de los casos de agresión contra menores llegan a juicio, lo que satura a los jueces y dificulta la resolución rápida de los casos. Este bajo porcentaje de casos que llegan a juicio refleja una alta impunidad, lo que genera preocupación entre las autoridades judiciales.
La reforma ha sido objeto de controversia, puesto que algunos defensores argumentan que permitir rebajas de penas podría acelerar la judicialización de los agresores. Por su parte, Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, señaló que muchas personas acusadas de estos delitos quedan en libertad porque las audiencias no se realizan adecuadamente, lo que sería contraproducente para buscar justicia en casos como el de Campo.
Chaverra expresó su dolor por el caso de Sofía y destacó el impacto emocional que estos delitos tienen en los magistrados, muchos de los cuales son padres. El presidente de la Corte defendió un artículo de la reforma que propone una rebaja de hasta el 25 % de la pena para quienes cometan delitos contra menores, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y evitar que se prolonguen durante años. “Estos procesos pueden tardar hasta 12 años en llegar a una resolución, y cuando la sentencia finalmente llega, la víctima ya ha crecido y el impacto del delito es distinto”, explicó el presidente de la Corte.
En cuanto al caso de Sofía Delgado, la fiscal Camargo elogió el trabajo de la Policía Judicial, que permitió la captura del responsable tras la desaparición la niña, un caso en el que Campo aceptó cargos por el feminicidio de la menor de 12 años. La fiscal también hizo un llamado a la tolerancia y a evitar prejuzgar al juez involucrado en el proceso anterior de Campo, enfatizando que no se trató de corrupción sino de un intento de hacer las cosas correctamente. “Yo quiero llamar la atención porque, seguramente hoy, se estará diciendo que ese juez fue un corrupto y no es cierto. Ese juez quiso hacer las cosas bien”, indicó Camargo.
La audiencia en el Congreso puso de manifiesto la necesidad de una reforma judicial que aborde la congestión del sistema y mejore la eficiencia en el procesamiento de casos, especialmente aquellos que involucran a menores de edad. La propuesta de reforma busca no solo reducir los tiempos de los procesos judiciales, sino también garantizar que se haga justicia de manera oportuna y efectiva.