El asesinato de Sofía Delgado, una niña de 12 años de edad, intensificó el debate en Colombia sobre la reforma judicial que propone reducir hasta un 25% las condenas para agresores de menores.
Este proyecto, defendido por la Corte Suprema, ha generado controversia en la opinión pública y en redes sociales.
Durante una audiencia en la Comisión Primera del Senado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, junto con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, argumentaron que la reducción de penas podría incentivar a los acusados a admitir su culpabilidad, facilitando así la aplicación de sanciones efectivas.
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El proyecto de reforma a la justicia, que incluye trece puntos, ha sido objeto de críticas, especialmente por el artículo que contempla beneficios para quienes cometen delitos contra menores.
Según Chaverra, las penas largas, como las de 40 o 50 años, a menudo no se cumplen en su totalidad, lo que fomenta la impunidad. En cambio, una pena efectiva y proporcional al delito podría tener un impacto positivo en la sociedad y en las víctimas, afirmó el magistrado.
“Lo que disuade al delincuente no son las penas de 50, de 40, de 30 años abstractas. Lo que a él lo anima en la ejecución delictual es saber que esa pena por alta que sea no se le va a aplicar. En cambio, si nosotros a través de un proceso penal abreviado logramos la aplicación efectiva de una pena codigna a la gravedad del delito, seguro que el efecto va a ser más positivo para la comunidad, para la sociedad y para la víctima”, mencionó el presidente de la Corte Suprema.
Así mismo, afirmó que si se imponen penas “razonables” por los delitos contra menores de edad, tendría efectos beneficiosos para la comunidad.
“Esa efectividad de una pena impuesta en un plazo razonable sí va a disuadir la comisión del delito (...) logramos el efecto de la prevención especial de sacar a ese delincuente que afectó la dignidad y la libertad de un menor de edad del entorno social, que muchas veces es la propia familia, y no lo que está pasando ahora, que cometen ese tipo de delitos y a los seis meses vuelven otra vez a ese entorno”, añadió el magistrado Gerson Chaverra.
Del mismo modo, el magistrado aseguró que la Corte se enfrenta a una realidad alarmante ya que el 70% de los casos que revisa la Sala de Casación Penal están relacionados con delitos contra menores de edad.
“Es un dolor profundo que evidenciamos todos los miércoles, que nos corresponde conocer de la cantidad de proyectos que llevamos a sala, el 70% de los procesos está relacionado con delitos cuyas víctimas son niñas, niños y adolescentes, y su mayor incidencia son los delitos que afectan la libertad e integridad sexual de estos menores”, añadió el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente de la Corte, Chaverra, subrayó la gravedad de la situación al señalar que los delitos sexuales contra menores representan una parte significativa de la carga judicial de la Sala de Casación Penal. Esta afirmación se realizó en el contexto de la defensa de un proyecto legislativo que busca abordar de manera más severa los crímenes sexuales contra menores.
La ministra Buitrago defendió la propuesta, asegurando que las sanciones máximas de 14 años garantizarían consecuencias adecuadas para los responsables de estos crímenes. La discusión sobre la reforma se ha polarizado, con sectores que abogan por penas más severas, como la cadena perpetua, mientras otros consideran que la propuesta actual no generará impunidad.
“Lo único que se busca con esta medida es que quienes acepten cargos tengan una rebaja, pero sin disminuir el tiempo mínimo de cárcel que deben cumplir”, indicó la jefe de la cartera de Justicia, Ángela María Buitrago.
El caso de Sofía Delgado, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en un cultivo de caña en el Valle del Cauca, exacerbó las emociones en torno al tema. El autor confeso del crimen, Brayan Campo Pillimué, aceptó los cargos impuestos por la Fiscalía General de la Nación, lo que ha llevado a un clamor por justicia más estricta para los agresores de menores.
La reforma judicial busca abordar la impunidad, pero enfrenta un debate complejo entre la necesidad de penas efectivas y la presión social por castigos más duros. La discusión continúa en el ámbito legislativo y social, mientras el país busca soluciones para proteger a sus menores de edad.
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