Ofrecer las garantías necesarias para competir en igualdad de condiciones y hacer del sector del acero una industria competitiva, de alto valor agregado y con el potencial para transformarse en una industria exportadora de largo plazo, es el propósito que se trazó el Gobierno nacional con el denominado “Pacto por el acero” que se puso en marcha.
Este pacto, que involucra medidas de defensa comercial, se adelanta de la mano con el sector privado para crear una fábrica de producción de aceros planos con tecnologías más limpias y con el mayor valor agregado, que además promueva los encadenamientos productivos y fortalezca esta industria.
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Ante la iniciativa, se expidió un decreto con el que se adoptó una salvaguardia para hacer frente a las importaciones de alambrón de hierro o acero, que causaron daño a este sector productivo.
Con del Decreto 1294 del 18 de octubre de 2024, y por recomendación del Consejo Superior de Comercio Exterior en la sesión del 25 de septiembre, se impuso un gravamen arancelario ad valorem (según el valor) del 30%, adicional al arancel de Nación Más Favorecida (5%), a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o demás aceros aleados, provenientes de países con los cuales Colombia no tiene acuerdo comercial vigente.
Esta medida, que previamente también fue recomendada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A), se establece por el término de dos años.
A esta decisión se llega después de adelantar una investigación hecha por un equipo técnico de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la que se evidenció que en el periodo analizado las importaciones de alambrón que llegaron desde los países con los que no se tiene acuerdo comercial vigente, aumentaron su participación en cerca de nueve puntos porcentuales, el precio de las mismas se redujo en 16,7% y el precio de venta de las mismas fue inferior al valor del producto nacional en un rango entre 1,91% y 13,35%.
Todas estas circunstancias afectaron de manera negativa a la industria nacional.
“A través de medidas como esta, buscamos garantizar a la industria nacional una competencia leal, pues se combaten las prácticas desleales del comercio y los incrementos pronunciados, inesperados e injustificados de importaciones a precios bajos que se puedan presentar en el país”, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes.
Pacto por el acero
Ahora bien, el Gobierno se la juega en favor de la industrialización del país, razón por la cual inició un trabajo de la mano con las empresas de la industria siderúrgica para la creación de una planta de producción de aceros planos que, incluso, pueda convertirse en líder global en la producción de este tipo de aceros, que sea de alto valor agregado, que impulse los encadenamientos productivos y que cree puestos de trabajo.
“En medio de un proceso de descarbonización como en el que camina el mundo, y que es una de las apuestas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la creación de una fábrica de aceros planos, con alto valor agregado y que reduzca las emisiones de carbono al ser producido, nos pondría en una condición de ventaja frente a otros países a la hora de exportar acero muy competitivo”, dijo el ministro Reyes.
Agregó que se trata de un proyecto que requiere “estructuración financiera, que requiere el conocimiento profundo de la industria. Queremos construir sobre lo ya existente en Colombia”.
Lo que se evalúa
Por eso, se avanza en un estudio de viabilidad de que estaría listo en el primer trimestre del 2025.
Por medio de este estudio se evalúan, entre otros asuntos, la demanda de acero plano en el mercado colombiano y en los países vecinos, así como la competencia; las tendencias de precios del acero en Colombia y los costos de producción local; identificación de potenciales clientes, así como proveedores de materias primas y servicios.
Igualmente, involucra la definición del diseño óptimo de la planta, considerando tecnologías adecuadas y disponibles en el contexto colombiano; la capacidad de producción y los equipos necesarios para cumplir con la demanda proyectada; la disponibilidad y costos de recursos como agua, energía eléctrica (posiblemente proveniente de fuentes renovables en Colombia), y materias primas. Adicionalmente, la estimación de los costos de construcción de la planta, la adquisición de equipos y la puesta en marcha de la misma.
También, y como en cualquier proyecto de este tipo, una evaluación de los costos operativos, incluyendo materias primas, energía, mano de obra y mantenimiento. Y se debe hacer una evaluación de los posibles impactos ambientales del proyecto en el contexto colombiano, como el uso de recursos naturales y las emisiones, ente otros aspectos.
El Gobierno acompañará a los potenciales inversionistas privados interesados, locales y extranjeros.