La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, anunció que la Unión Temporal Centros Poblados deberá pagarle al Estado colombiano un total de $87.027 millones de pesos, por incumplimientos en el contrato de conectividad a las zonas más apartadas del territorio colombiano, mediante el proyecto Centros Digitales del Gobierno de Iván Duque en 2020.
Según el fallo emitido por el organismo de control, hubo responsabilidad en el detrimento patrimonial de más de setenta mil millones de pesos, por parte del consorcio, su representante legal, la firma interventora y los proveedores de equipos de internet.
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“Se trató de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, pues no se cumplió con la entrega total de los 7.277 centros digitales en zonas apartadas del país”, se lee en el fallo.
El ente de control detalló que esto conllevó la terminación anticipada del contrato, lo que implicaba que tenía que retornarse los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida, “sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa por parte el consorcio, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo”.
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