Cuatro personas, incluidas dos funcionarias de la Gobernación de San Andrés, fueron capturadas por su presunta participación en una red de tráfico de migrantes, según informó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional.
La operación, denominada Sin Límites, se llevó a cabo en la isla de San Andrés y resultó en la detención de individuos vinculados a una organización criminal transnacional que facilitaba el tránsito ilegal de migrantes, principalmente vietnamitas, hacia Nicaragua.
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La investigación reveló que la red operaba bajo la modalidad de “coyotes”, ofreciendo rutas migratorias desde Ipiales hasta Medellín y San Andrés, para posteriormente trasladar a los migrantes a Nicaragua en embarcaciones artesanales.
Los migrantes pagaban entre 2.000 y 2.500 dólares por persona para ingresar y salir de la isla, según detalló el coronel Edwin Urrego, director de la Dijín.
Entre los detenidos se encuentra alias Natasha, quien trabajaba en la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Gobernación de San Andrés. Según las autoridades, ella coordinaba el hospedaje y alimentación de los migrantes y recibía los pagos.
Su pareja, alias el Gordo, un ciudadano nicaragüense, era responsable de recoger a los migrantes en el aeropuerto y transportarlos por mar hasta Nicaragua. También fue arrestado el hermano de ‘Natasha’, conocido como ‘Sergey’.
Otro implicado, alias José, era funcionario de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre) de la Gobernación. Se le acusa de facilitar el ingreso irregular de extranjeros, omitiendo su labor de control en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla.
“Este último, valiéndose de su cargo con la ayuda de un ciudadano nicaragüense y otro colombiano, realizaba actos de corrupción, al permitir que desde los módulos de ingreso y control de turistas del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, no se registrara la entrada y salida de extranjeros asiáticos”, dijo la Policía.
Las autoridades sostienen que este funcionario, junto con un ciudadano nicaragüense y otro colombiano, realizaba actos de corrupción para evitar el registro de entrada y salida de los migrantes asiáticos.
“Esta organización había permeado a la Gobernación Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con uno de sus integrantes en la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente y otro en la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre), este último, valiéndose de su cargo con la ayuda de un ciudadano nicaragüense y otro colombiano, realizaba actos de corrupción, al permitir que desde los módulos de ingreso y control de turistas del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, no se registrara la entrada y salida de extranjeros asiáticos”, informó el director de la Dijín de la Policía, el coronel Edwin Urrego.
La operación Sin Límites fue desarrollada en colaboración con el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación. En total, trece personas fueron capturadas, incluyendo a miembros de otra organización criminal que operaba en Medellín. Estas bandas recibían a migrantes haitianos, cubanos y asiáticos, y los enviaban hacia Centroamérica, utilizando rutas terrestres y marítimas.
Los capturados fueron presentados ante un juez de Control de Garantías, quien legalizó sus capturas. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes, y se les impuso medida de aseguramiento privativa de libertad en un centro carcelario de la isla.
Desmantelan red delictiva en Medellín dedicada al tráfico ilegal de personas hacia Panamá
En un operativo contra el tráfico ilegal de personas, las autoridades detuvieron a nueve individuos acusados de formar parte de una red delictiva que operaba en Medellín, Antioquia. Según la información disponible, este grupo se dedicaba a recibir a migrantes de diversas nacionalidades, incluidos haitianos, cubanos y asiáticos, para luego facilitar su traslado hacia Panamá. Los migrantes eran alojados y alimentados en Medellín antes de ser transportados por tierra hasta el Golfo de Urabá, donde eran embarcados en lanchas rápidas con destino a Panamá.
El costo de este servicio ilegal oscilaba entre 200 y 450 dólares por persona, según las investigaciones. Este esquema de tráfico humano ha sido desmantelado, y los presuntos responsables deberán cumplir arresto domiciliario mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
La operación se centró en desarticular una ruta que, a través de medios marítimos, facilitaba el cruce de fronteras de manera ilegal. Las autoridades han destacado la importancia de este golpe al crimen organizado, que no solo afecta la seguridad nacional, sino que también pone en riesgo la vida de los migrantes que buscan mejores oportunidades.
Este caso subraya la complejidad del tráfico de personas en la región, donde las redes criminales aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes para lucrarse. Las autoridades continúan investigando para identificar y capturar a otros posibles implicados en esta red.
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