Alerta por crisis fiscal que habría con cambio en la manera en que se maneja el dinero en municipios y departamentos

El 22 de octubre se registró un nuevo debate del proyecto de Ley 018 de 2024 en el Congreso de la República. Con este, de autoría del senador Guido Echeverri Piedrahita, del Partido Alianza Verde, se pretende modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia para que en 2035 y con un incremento anual del 2,26%, el Sistema General de Participaciones (SGP) alcance el 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación, dado que en el presente este indicador es de apenas el 20%.

De esta forma, alcaldes y gobernadores no solo tendrán mayor autonomía en la ejecución de recursos, sino que robustecerán sus capacidades fiscales, por lo que la asignación de ingresos se dará, primero, bajo el criterio geográfico y, luego, sectorial.

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Durante dicho debate, la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, afirmó que “el SGP se quedó corto, la primera infancia no existe, según lo vigente se atiende solo si sobran recursos; yo he presentado en tres periodos distintos del Congreso, un acto legislativo para incluir la primera infancia”.

Además, dijo que este, año tras año, pierde peso relativo dentro de los ingresos corrientes de la Nación. “Nominalmente, la cifra aumenta, pero pesa mucho menos, es menos porcentaje, los ingresos en el 2002 estaban en el 43%, y en el 2024 va un diminuto del 21%”, precisó.

Sin embargo, la iniciativa no gusta mucho en varios sectores debido a la presión fiscal que ejercería en caso de ser aprobado. Por ejemplo, el director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Luis Fernando Mejía, aseguró que el proyecto tendrá, como consecuencia, que en 2036 las transferencias del SGP equivaldrían al 8,4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representaría un incremento del 65% respecto al escenario base.

“Un aumento del 65% en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”, advirtió el experto en un debate de control político en la Comisión IV Constitucional del Senado de la República.

Desde una perspectiva fiscal, anotó que este incremento en las transferencias provocaría un deterioro progresivo del balance fiscal, lo que llevará el déficit al 6,4% del PIB en 2036, comparado con el 3,1% del PIB en el escenario base. Como resultado, la deuda del Gobierno superaría el límite del 71% del PIB impuesto por la regla fiscal, lo que desencadenaría una crisis fiscal.

Esta situación, agregó, aumentaría el costo del endeudamiento, afectaría el crecimiento económico y generaría alzas en el desempleo y la pobreza.

Ante esto, el director ejecutivo de Fedesarrollo reconoció la importancia de fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, pero sugirió ajustar el proyecto de reforma para que la participación del SGP en los ingresos corrientes aumente al 30%, en vez del 46,5%“.

“Este porcentaje supera el promedio histórico del periodo 2000-2019 y se sitúa diez puntos por encima de lo observado en 2023′', destacó Mejía.

Adicionalmente, subrayó la importancia de transferir competencias del Gobierno nacional a los entes territoriales y fortalecer la capacidad institucional de las entidades más rezagadas. Así las cosas, un aumento en las transferencias debe ir acompañado de la implementación de mecanismos más robustos de evaluación y control, junto con incentivos que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas. Estas medidas, puntualizó, asegurarían una priorización eficiente y una ejecución adecuada de los recursos transferidos.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, advirtió que si estas transferencias estarán atadas al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación, la cifra total alcanzaría los $148 billones, lo que implicaría una presión adicional de $77 billones en comparación con los $71 billones para este año.

“De aplicar esta fórmula, el 95,3% del presupuesto del Gobierno Nacional Central en 2024 estaría comprometido en los siguientes rubros: transferencias del SGP (46,5%), pago de intereses (25,1%), pensiones (18, 1%), vigencias futuras (6%)”, explicó López en su intervención.