Alcaldía de Medellín y el Metro deberán responder por la reubicación de familias del barrio El Volador

La situación en torno a la reubicación de las familias afectadas por el Metro de la 80 en el barrio El Volador ha llegado a un punto crítico, obligando a la Alcaldía de Medellín y a la empresa Metro a comparecer ante un juez.

Este proceso judicial, que se deriva de un incidente por desacato, busca aclarar si las entidades a su cargo han cumplido con el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual ordenó que se implementen soluciones de reubicación más robustas para las familias afectadas.

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La controversia comenzó el 19 de diciembre de 2022, cuando un juez administrativo desestimó una demanda presentada por los afectados del barrio El Volador. En ella, los demandantes sostenían que el distrito y el Metro no estaban cumpliendo con la política pública de protección de moradores, que exige que aquellos afectados por obras de infraestructura sean reubicados en condiciones iguales o mejores a las que tenían previamente.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia revisó dicha decisión y, el 12 de julio de 2023, falló a favor de los demandantes, ordenando varias acciones a las entidades implicadas. En su decisión, el tribunal exigió que, en un plazo de tres meses, se entregara una copia con los diseños de la futura línea de metro que incluya la identificación de las viviendas afectadas.

Además, se les instó a establecer en seis meses una zona para la reubicación de los afectados y a estructurar un plan de vivienda subsidiada dentro de un año. La sentencia también estipuló que este plan debe ser ejecutado a más tardar en diciembre de 2025, y en caso de que alguna familia no acepte la oferta, el desalojo debe llevarse a cabo conforme a las normas de policía.

A pesar de este fallo a favor de la comunidad, la situación actual es de incertidumbre. El 13 de septiembre de 2024, los demandantes solicitaron la apertura de un incidente por desacato, argumentando que el cumplimiento de la sentencia ha estado en el aire durante un tiempo prolongado. A esto se suma la exigencia del tribunal de que el Metro, el distrito y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) informaran sobre el estado de cumplimiento de las acciones requeridas.

El Isvimed aseguró que posee 14 expedientes relacionados con la asignación de subsidios de vivienda y destacó que, desde el 7 de junio de 2024, se había firmado un contrato interadministrativo para atender a las familias afectadas. Por su parte, el Metro informó que no podía proporcionar los diseños solicitados debido a que aún están en proceso de elaboración, lo que llevó a la firma de un cuarto otrosí al contrato principal del proyecto para extender la etapa de preconstrucción a 18 meses.

En un comunicado conjunto, la Alcaldía de Medellín y el Metro defendieron su gestión, afirmando que se ha cumplido con las medidas de protección a los moradores, aunque reconocieron que la entrega de los diseños definitivos aún está pendiente. Indicaron que el cambio en la ubicación de los patios-talleres de la línea ha impactado la elaboración de estos diseños, pero reafirmaron su compromiso de ejecutar el proyecto garantizando los derechos de las personas afectadas.

Los residentes del barrio El Volador han expresado su frustración con la situación actual. Mientras que el proyecto del Metro reconoce un valor de $2 millones por metro cuadrado para las viviendas, los precios de mercado en la zona superan los $5 millones por metro cuadrado. Jaime Lopera, líder de los afectados, planteó la dificultad que enfrentan muchos de ellos: “Casi todos somos personas que tenemos de 50 años para arriba viviendo en el sector; por nuestra edad no podemos adquirir deudas con ningún banco”, aseguró a El Colombiano.

A finales de septiembre de 2024, el alcalde Federico Gutiérrez se comprometió a buscar fórmulas jurídicas que permitan reconocer mayores compensaciones económicas a las familias afectadas. “Un proyecto que vale billones de pesos, que beneficia a gran parte de la ciudad, no puede terminar afectando a los que se tienen que ir de esta zona”, comentó el mandatario, enfatizando que la compensación económica adecuada es fundamental para la reubicación de estas familias.

Con la notificación del fallo el 11 de octubre, las entidades implicadas tenían un plazo de cinco días para presentar informes sobre el cumplimiento de la sentencia. Una vez que el juez reciba estas respuestas, se verá en la necesidad de decidir si emite una sanción por el desacato.