Jota Pe Hernández propuso eliminar artículo de la reforma a la justicia que beneficia a violadores y asesinos de niños: “No más regalitos para los bandidos”

Luego de que las autoridades encontraran el cuerpo sin vida de la menor Sofía Delgado, desaparecida desde el 29 de septiembre en el municipio de La Candelaria, Valle del Cauca, y capturaran a Brayan Campo, señalado como el responsable de asesinar a la menor, congresistas del país no solo rechazaron este macabro hecho, sino que también expresaron su inconformidad con un artículo de la reforma a la justicia, promovida por el Gobierno de Gustavo Petro, que contempla beneficios y rebajas de penas para quienes acepten sus delitos contra menores de edad.

Uno de ellos fue el senador Jonathan Pulido, más conocido como Jota Pe Hernández, quien anunció que presentará una proposición para eliminar el artículo siete del proyecto de Gobierno, al considerar que se le estarían entregando beneficios a los criminales.

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“El Gobierno Petro quiere darle un gran beneficio a los secuestradores, violadores y asesinos de niños. Con el art. 7 de la Reforma a la Justicia, estos criminales podrían obtener UNA REBAJA de hasta la mitad de la pena. ¡NO MÁS REGALITOS PARA LOS BANDIDOS!”, manifestó el senador de Alianza Verde en un video publicado en sus redes sociales.

A su vez, el congresista indicó que “este año han sido asesinados más de 370 niños”, y señaló que “lamentablemente, con esta reforma, el Gobierno de Gustavo Petro no está de lado de los niños. (...) estos asesinos y violadores merecen la máxima pena que existe en la justicia de Colombia”.

De igual manera, la senadora María Fernanda Cabal mencionó que el artículo en cuestión de la reforma a la Justicia, es catalogada como una burla a las familias de menores víctimas de abuso en el territorio nacional.

“En el marco del atroz crimen contra la pequeña Sofía Delgado, debo exponer esta modificación que pretende el gobierno Petro para darle beneficios penales a violadores agresores de niños y adolescentes, dándoles la mitad de la rebaja de la pena”, escribió la congresista del Centro Democrático en su cuenta de X.

Así mismo, la parlamentaria recordó que, durante su etapa en el legislativo, “he sido ponente de proyectos de Ley que impiden los subrogados penales y es aberrante ver que quieran concederle beneficios a los criminales”.

Por su parte, el representante a la Cámara del mismo partido, Hernán Cadavid, hizo una petición al Gobierno nacional para que retire el proyecto, ya que asegura que no es el único ‘mico’ que tendría la iniciativa del ejecutivo.

“Le pido al Gobierno nacional que retire el proyecto de Reforma a la Justicia. No se compadece que, en un momento como el que está viviendo el país, que el Gobierno entregue un proyecto para discusión donde lo que se halla la flexibilización en el tratamiento penal contra los presuntos o responsables de delitos sexuales, ¿pero en qué cabeza cabe?”, cuestionó.

Agregó que “el otro orangután de esta reforma es que están incorporando la posibilidad de darle principio oportunidad a las personas que hayan accedido a cargos de elección popular con el respaldo de los grupos armados al margen de la ley”.

Ante los cuestionamientos de diferentes sectores del país, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, salio en defensa de lo propuesto por la cartera en el proyecto radicado en el Congreso, y precisó que esta normativa no pretende dejar en la impunidad estos casos sino que fortalecerá la judicialización de quienes cometen delitos contra menores de edad en Colombia.

“La reflexión es a un tema de impunidad y de protección real a los niños, niñas y adolescentes en todos los entornos. La reforma no pretende dar beneficios, ya que están prohibidos para esta clase de delitos; es decir, no hay libertad condicional o libertad provisional. Lo único que se quiere es decirle al agresor que se le dará una rebaja mínima, pero que de todos modos va a pagar una pena, se le va a imponer una sanción y debe aceptar el delito para llegar a una condena”, explicó la funcionaria en diálogo con Caracol Radio.

Igualmente, la ministra mencionó al citado medio de comunicación que “el problema de estos casos son los delitos que se ‘denominan a puerta cerrada’; eso quiere decir que, en muchos de ellos no se cuenta con una prueba técnica, con una prueba que pueda incriminar al agresor, salvo algunos casos en donde hay pruebas como el ADN o recuperación a través de información genética”.

En ese sentido, Buitrago sostuvo que, de no tener las pruebas suficientes para condenar al responsable de un delito con menor de edad, “¿esa persona estaría dispuesta a confesar su crimen sabiendo que podrían condenarla?”.

Se espera que a finales del mes de octubre o a inicios de noviembre, la Reforma a la Justicia inicie su discusión en la Comisión Primera del Senado de la República.