Exsenador Álvaro ‘el Gordo’ García, condenado por masacre paramilitar, perdió tutela contra Gustavo Petro

El Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela que le interpuso el exsenador Álvaro ‘el Gordo’ García al presidente Gustavo Petro por los señalamientos que había realizado en su contra.

“Declarar que la acción de tutela impetrada por el señor Álvaro Alfonso García Romero resulta improcedente, por las razones expuestas en la motivación de esta providencia”, se lee en la decisión del alto tribunal.

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El Consejo de Estado también explicó una falta de agotamiento en todos los recursos, indicando que la Corte Constitucional ha manifestado que la acción de tutela no es procedente cuando la jurisdicción ofrece otros mecanismos para la protección de los derechos humanos.

“En el caso bajo estudio se tiene que, el accionante, establece el centro de su argumentación en que las manifestaciones que sobre él hiciera el presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego en el acto de sanción de la reforma pensional, pues considera que aquellas lesionan su dignidad e influyen en las decisiones de los jueces que se encuentran tramitando su proceso judicial”, se lee en la decisión del Consejo de Estado.

Y agrega: “La rectificación ‘ha sido definida como la garantía de que la información trasgresora sea corregida o aclarada’, según la jurisprudencia constitucional19, esta debe solicitarse previo a acudir a la acción de tutela y se constituye como un requisito de procedibilidad para las acciones que pretendan lograr la corrección de alguna información brindada ante la sociedad”.

Por tal motivo, el alto tribunal aclaró que el presidente Petro está sometido a la mencionada garantía, y ante información tendenciosa, parcializada o errada, la garantía principal siempre será la aclaración de los señalamientos.

“Siendo así, en el sub lite el actor debió acreditar que, previo acudir a la acción de tutela, radicó petición ante el presidente de la República solicitando que se retractara de sus afirmaciones y se abstuviera de realizar “públicamente, manifestaciones denigrantes, incitadoras socialmente y trasgresoras a la dignidad humana, con alguna repercusión judicial en contra del señor Álvaro Alfonso García Romero”, pues ello permite a quien efectuó las afirmaciones, retractarse, rectificar o confirmar la información vertida en su declaración pública”, puntualizó el Consejo de Estado.

Álvaro ‘El Gordo’ García, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, manifestó que las declaraciones del jefe de Estado vulneraba su derecho fundamental a la dignidad humana.

El exsenador vinculado con paramilitares, le estaba solicitando al mandatario que en un plazo de 48 horas realizara declaraciones dignas contra su persona.

El presidente Petro aseguró que Álvaro ‘El Gordo’ García se había mantenido en el poder a causa de los asesinatos perpetuados en el departamento de Sucre.

“Toda la clase política de Sucre estaba arrodillada al paramilitarismo y en esas masacres creció una resistencia popular, pero su senador que asesinaba opositores, fiscales y campesinos por mantenerse en el poder y controlar el voto asesinando”, indicó el mandatario.

Y agregó: “Me gustaría que saliera y pudiera jugar con sus nietos, pero hoy la justicia le dice que no puedes salir porque fuiste un masacrador de tu pueblo”.

Álvaro ‘El Gordo’ García presentó la tutela el 26 de julio de 2024 ante el Consejo de Estado, en la cual argumenta que la dignidad humana no solo es un derecho fundamental, sino también un valor y principio rector. Según García, este concepto es la base de otras normas que protegen aspectos esenciales como la intimidad, libertad, igualdad, autonomía, y la prohibición de la discriminación y humillación.

En su reclamación, se señala que la dignidad humana tiene implicaciones profundas en todas las esferas de la vida personal y estatal, tanto políticas como morales, y que cuando se vulnera, es necesario reclamar su protección.

Los abogados de García también criticaron los comentarios del presidente Gustavo Petro, argumentando que sus declaraciones generan “desinformación” al interpretar de manera subjetiva decisiones judiciales. Además, calificaron las palabras del presidente como una “mofa” hacia el exsenador.