Disidencias de ‘Iván Mordisco’ estarían censando a campesinos para consolidar una “reforma agraria a su medida”

El 4 de septiembre de 2024, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) anunció el inicio de la estrategia Cooperación Técnica Territorial en el Guaviare, con la que se buscaría el fortalecimiento de capacidades territoriales para mejorar la administración del territorio en este departamento.

En esa ocasión, los representantes de las comunidades campesinas se reunieron con el gobernador Yeison Ferney Rojas Martínez y los alcaldes de los municipios de Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare.

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Durante el encuentro, se llegó a un acuerdo para comenzar con el Plan Nacional de Desarrollo en la región, que de acuerdo con el DNP estaría fundamentado en los siguientes tres pilares:

• Diálogo social participativo: Promueve espacios de participación incidente para la construcción colectiva de una caracterización territorial que identifica problemas, conflictos, necesidades, recursos y oportunidades desde la perspectiva de los actores involucrados en el marco del Ordenamiento Territorial y la Administración del Territorio cuyos resultados serán insumo para la construcción de los acuerdos de Cooperación Técnica Territorial.
• Fortalecimiento de capacidades territoriales: Orientada a la formación y la generación de capacidades a las entidades territoriales y comunidades en ordenamiento territorial, finanzas territoriales, formalización urbana y gestión de información territorial.
• Nodo para la administración del territorio: Integra herramientas tecnológicas para la gestión de la información, la gestión de los procesos y la gestión del conocimiento, relacionado con el Ordenamiento Territorial y la Administración del Territorio. Este nodo permitirá poner a dialogar tanto el conocimiento institucional, como el comunitario y organizativo, para una toma de decisiones que reconozca las diferentes visiones de los territorios.

Además de esta estrategia, el Estado lleva ocho años intentando conformar el catastro multipropósito en el departamento, pero hasta la fecha solo se ha logrado llegar al 12,4% del departamento y siguen sin tener información sobre 30 millones de hectáreas que están más cerca de los grupos armados.

De acuerdo con El País, mientras los avances del Gobierno nacional siguen sin registrarse, en el Guaviare ha vuelto a aparecer una problemática que se había registrado años atrás; se trata de un censo realizado por parte de las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”, que han preguntado a los campesinos por datos claves de sus territorios para poder llegar a un acuerdo del pago extorsivo que entregaran al grupo armado.

Con cuatro testimonios, el medio citado informó que los pobladores fueron obligados a medir sus predios durante Semana Santa; además, tuvieron que llenar formularios que recibieron tras la llegada de una carta del Bloque Jorge Suárez Briceño, en la que indicaban: “Seguimos haciendo reforma agraria revolucionaria donde el recurso de la tierra nos lo permita. Serán objeto de Reforma Agraria las extensiones latifundistas y predios ociosos en las áreas de nuestra influencia”, dice uno de sus puntos, con argumentos para justificar el hacer un catastro.

Campesinos recordaron que esta misma práctica se registró en 2018 por parte de hombres que seguían las órdenes de alias Calarcá, que entregaron lotes del Parque Natural Tinigua a familias con el compromiso de que servirían de barrera de protección si llegaban las Fuerzas Militares y pagarían una “vacuna” mensual, según el medio internacional.

Esto mismo se registró en San Vicente del Caguán, al norte del Parque Tinigua, también hablaron con el gremio transportador y hasta llegaron a cobrar entre 500 y 1.000 pesos por litro de leche que vendieran en la zona.

A diferencia de esa época, en esta ocasión los pobladores indicaron a El País que los guerrilleros citaron a las familias en La Cristalina y les indicaron que las personas que más tuvieran terrenos debían repartir sus predios con pobladores que no tuvieran propiedades y así fomentar una “reforma agraria a su medida”.

Sumado a esto, estarían cobrando una “contribución solidaria”, con lo que han consolidado el formato de catastro de las disidencias que, de acuerdo con el medio citado, ha recogido alrededor de 21.000 millones de pesos en la zona.