Carlos Mattos está pidiendo principio de oportunidad por sus salidas ilegales de la cárcel: ofrece entregar un jardín infantil

La defensa de Carlos Mattos está considerando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación por las salidas no autorizadas de la cárcel La Picota en Bogotá en marzo de 2022.

Según el abogado Alfonso Arenas, defensor de Mattos, se busca que a través de la justicia restaurativa su cliente pueda resarcir a la sociedad sin cumplir una pena de cárcel, debido a los altos niveles de hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

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El diario El Tiempo informó que la defensa del empresario ha solicitado evaluar su caso dentro del marco de la justicia restaurativa, una política criminal aplicable en ciertos casos.

Como parte de esta propuesta, Mattos se compromete a pedir perdón públicamente y a realizar una obra social, que podría incluir la construcción de un jardín infantil para hijos de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), una biblioteca, o un pabellón para reclusos ancianos.

El empresario colombiano Carlos Mattos enfrenta nuevas acusaciones por salidas no autorizadas de la prisión La Picota en 2022, donde cumplía condena por el llamado Caso Hyundai. La audiencia de imputación de cargos, que incluiría delitos como peculado por uso y prevaricato por omisión, programada para el lunes 21 de octubre, fue aplazada a solicitud de la defensa.

Mattos, durante su reclusión, aprovechó salidas para citas médicas para visitar su oficina en el norte de Bogotá, lo cual intensificó las investigaciones de la Fiscalía, resultando en nuevas acusaciones. Se alega que ejerció presiones sobre los guardias del Inpec para facilitar estos desplazamientos, violando las normativas de seguridad penitenciaria.

Carlos Mattos, condenado a cinco años de prisión por corrupción en el caso Hyundai, logró salir de la cárcel La Picota en Bogotá en al menos una docena de ocasiones bajo el pretexto de citas médicas.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación descubrió que en cuatro de esas salidas, Mattos desvió su ruta para dirigirse a su oficina, con la presunta complicidad de tres dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): Jorge Hernán Guerrero, Luis Alejandro Rojas y William René Caballero.

La investigación reveló que estos funcionarios facilitaron los desplazamientos del empresario al cambiar el vehículo oficial por un automóvil particular, permitiéndole así reunirse con abogados y allegados en su oficina. Según el ente investigador, Mattos ejercía una notable influencia dentro de los centros penitenciarios, al punto de exigir llevar su celular durante los traslados, un requerimiento que los funcionarios del Inpec cumplían.

El caso salió a la luz tras una investigación de Noticias Caracol, lo que llevó al entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, a ordenar el traslado de Mattos a la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Además, el director de La Picota en ese momento, Wilmer José Valencia, fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría General de la Nación.

La decisión de trasladar al empresario buscaba asegurar que cumpliera su condena en un ambiente más controlado y menos expuesto a influencias externas. Desde este cambio, la fiscalía intensificó la recopilación de pruebas, como videos y testimonios, con el objetivo de desentrañar la supuesta red de corrupción que permitió al empresario operar con impunidad.

El ente investigador detalló que Mattos utilizaba su influencia para que los guardianes lo trasladaran a su edificio en el norte de Bogotá, permitiéndole el uso de su celular y el contacto con personas y familiares, actos prohibidos por el manual de funciones del Inpec.

A pesar de las denuncias sobre lujos y remodelaciones en las celdas de Mattos, la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo no encontraron irregularidades durante una visita a sus instalaciones en La Picota.

A medida que avanzan las investigaciones, se anticipa que Mattos enfrentará nuevas imputaciones en 2024, relacionadas con las recientes revelaciones sobre el manejo irregular de su detención y pruebas que apuntan a una red de corrupción más amplia dentro del sistema penitenciario y judicial.