En medio de una creciente tormenta política en Colombia por cuenta de las acciones del Gobierno nacional, sectores de la oposición han convocado a una movilización en contra de la gestión del presidente Gustavo Petro.
La marcha, inicialmente prevista para el 17 de noviembre, se llevará a cabo el 23 de noviembre debido a ajustes logísticos, según informaron los organizadores. La decisión de posponer la fecha se debe a la coincidencia con una carrera de ciclismo en Bogotá, lo que dificultaría la realización simultánea de ambos eventos.
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El abogado Jaime Arizabaleta, uno de los líderes de la manifestación, ha señalado que la denominada “marcha del pueblo” busca protestar contra lo que considera un gobierno antidemocrático. Arizabaleta acusa al Gobierno de utilizar la mentira y la persecución como herramientas de intimidación, además de criticar las reformas que, según él, amenazan la economía del país y la salud de los colombianos.
También ha expresado su preocupación por los problemas de seguridad, afirmando que el Gobierno ha permitido que la guerrilla patrulle las vías del país. “Nos levantaremos contra un Gobierno que ha descuidado la seguridad, que le ha entregado el país a las guerrillas que hoy patrullan las vías del país”, señaló Arizabaleta.
Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño también extendió una invitación a la ciudadanía a “levantar la voz” contra el presidente Petro, manifestando su oposición al “derroche” y en defensa de la libertad económica y la seguridad nacional.
“Por el juicio político. En contra del derroche. Por la libertad económica. Por la seguridad del país. En contra del nepotismo. No más corrupción. No más ineficiencia. Levantemos nuestra voz en contra de Gustavo Petro”, señaló el cabildante en sus redes sociales.
Entretanto, los sindicatos del país también han convocado a nuevas movilizaciones en apoyo a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro y en rechazo a la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre su campaña electoral de 2022.
Según se conoció, la primera de estas manifestaciones está programada para el 23 de octubre por parte del Comando Nacional Unitario, que agrupa a las principales centrales obreras como la CUT, CGT y las confederaciones de pensionados CPC y CDP, que ha declarado un estado de alerta tras el anuncio del CNE de investigar a Petro por presunta violación de topes electorales. Los sindicatos consideran que esta investigación busca desestabilizar al Gobierno y responde a intereses de la extrema derecha.
Gustavo Petro pidió una “avalancha” de demandas contra el CNE por investigación en su contra
El presidente de Colombia enfrenta una investigación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a presuntas violaciones de los límites de gasto en su campaña electoral de 2022. Según el CNE, se notificará formalmente al mandatario sobre la apertura de cargos en su contra, lo que ha generado una respuesta contundente por parte de Gustavo Petro, quien ha invitado a los abogados del país a denunciar por prevaricato a los firmantes de la resolución del CNE.
El presidente Petro ha calificado esta acción como el inicio de un “golpe de Estado” en Colombia. En respuesta a esta situación, la Asociación Europea de Abogados por la Democracia y los Derechos Humanos ha emitido un comunicado en el que denuncia una persecución política por parte del CNE contra el presidente.
Según la asociación, estas acciones violan el principio de inviolabilidad presidencial consagrado en la Constitución de Colombia y contradicen los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El documento de la asociación también menciona que el uso indebido de vías legales para cuestionar a Petro es similar a lo ocurrido en países como Ecuador y Bolivia, y constituye un ataque directo a la democracia. Además, hacen un llamado a las autoridades colombianas para que detengan estas acciones y respeten la voluntad democrática del pueblo.
El proceso de investigación también involucra a otros miembros de la campaña de Petro, como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña, y a los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. Los representantes legales de los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica también están incluidos en las citaciones del CNE.
Una vez notificados, se iniciará una etapa probatoria en la que los involucrados, incluido el presidente Petro, deberán presentar pruebas para desvirtuar el proceso. Los magistrados investigadores del CNE deberán presentar una nueva ponencia a la Sala Plena basada en las pruebas recolectadas, lo que podría llevar a la deliberación y toma de decisiones.