El ministro de Defensa, Iván Velásquez, destacó la necesidad de revisar junto al Ministerio de Justicia y con las administraciones departamentales y municipales la forma en que se construyen y adecuan centros de detención transitoria en Colombia.
Según el alto funcionario, el objetivo de esta revisión es lograr que las personas privadas de la libertad sean trasladadas de las estaciones de la Policía Nacional y las instalaciones de las Fuerzas Militares hacia centros más adecuados para su reclusión temporal.
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El ministro Velásquez enfatizó que actualmente muchos policías se encuentran realizando labores de custodia de detenidos en lugar de cumplir con su principal función, que es garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, así como el control en los territorios.
“Muchos policías, en lugar de estar dedicados a su función de garantizar la convivencia ciudadana y el control en los territorios, están dedicados a custodiar personas privadas de libertad”, afirmó el ministro.
Este problema, según Velásquez, impacta directamente en la efectividad de las labores policiales, ya que reduce la presencia de agentes en las calles y en las actividades de control y vigilancia necesarias para mantener la seguridad pública. Por este motivo, consideró esencial coordinar esfuerzos con las autoridades locales y el Ministerio de Justicia para encontrar soluciones estructurales a esta situación.
El jefe de la cartera de Defensa precisó que la construcción de centros de detención transitoria adecuados podría no solo liberar a los policías de estas tareas, también mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, ya que las instalaciones policiales no están diseñadas para albergar a los detenidos por largos periodos.
El ministro Iván Velásquez también señaló que este tipo de problemas resalta la necesidad de reformas profundas en el sistema penitenciario del país, que enfrenta serios retos en cuanto al hacinamiento y las condiciones inadecuadas de reclusión.
Explicación del decreto 1231 de 2024
El ministro también aclaró el decreto 1231 de 2024, que ha sido objeto de múltiples críticas, fundamentalmente por parte de opositores al Gobierno nacional, pues hay quienes consideran que los agentes del orden en Colombia quedarían sin margen de acción ante posibles arremetidas violentas contra la infraestructura.
El mencionado decreto pone freno a la aplicación de fuerza letal para la protección de bienes materiales adscritos al Estado, es decir bienes públicos.
“No es cierto que ese decreto ate las manos de la Policía Nacional, no es verdad que lo someta a graves riesgos, el derecho a proteger su integridad siempre será un derecho, y en ningún decreto ni en este, limitan el ejercicio”, señaló el funcionario.
El ministro de Defensa señaló que delimitar la aplicabilidad de la fuerza legitima el accionar del Estado y evita ambivalencias ante posibles conflictos por abuso de autoridad.
“El uso de la fuerza debe ser el último recurso y cuando se considere el caso de ser utilizada de forma proporcionada, razonable y en estricto cumplimiento de la ley. Esta regulación no solo protege a la ciudadanía sino que refuerza la legitimidad de la fuerza”, expuso.
El decreto introduce un cambio significativo en la forma en que la Policía Nacional aborda sus intervenciones. Allí se establece un modelo de actuación en el que se priorizan el diálogo y los medios no violentos como primera opción, promoviendo la resolución pacífica de los conflictos. El ministro Iván Velásquez destacó que esta norma no solo transforma la normativa policial, sino que impulsa un cambio cultural dentro de la institución.
“La protección de la vida, la libertad y la integridad de cada ciudadano es un deber esencial, y el respeto a los derechos humanos debe guiar cada acción de nuestra Policía”, afirmó Velásquez, subrayando que el uso diferenciado y proporcional de la fuerza será clave en la nueva normativa.
El decreto es el resultado de un proceso participativo que incluyó a diversas organizaciones de la sociedad civil y busca consolidar una Policía más respetuosa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, además de reforzar la transparencia institucional. Velásquez señaló que cada uso de la fuerza será registrado y explicado, garantizando la rendición de cuentas tanto ante los órganos de control como ante la sociedad.
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