En un comunicado reciente, la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo al atentado que sufrió el defensor público Máximo González en Roldanillo, Valle del Cauca.
La entidad, a través de su cuenta oficial de X, señaló: “Rechazamos el atentado en Roldanillo contra el defensor público Máximo González, de nuestra regional Valle del Cauca. A su familia, amigos y colegas, les extendemos un abrazo de fortaleza en este difícil momento”.
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Máximo González ha sido parte del equipo de la Defensoría desde 2019, donde se ha destacado por su “humanidad y compromiso con sus funciones”. Actualmente, el defensor recibe atención médica en un centro asistencial.
La Defensoría también hizo un llamado urgente a las autoridades para investigar a fondo este “lamentable hecho”, confiando en que se esclarecerá prontamente y se hará justicia. La comunidad y la institución esperan que este atentado no quede impune y que se tomen medidas efectivas para proteger a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos.
La entidad confía en que las investigaciones avancen con celeridad para evitar que este tipo de actos violentos se repitan.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la trata de personas
Lisa Cristina Gómez Camargo, delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género, destacó la alarmante cifra de 120 casos de trata de personas que involucran a mujeres, niñas y adolescentes en lo que va de 2024, según informó la Defensoría del Pueblo.
En total, se han atendido más de 150 casos de este delito en el país, lo que subraya la urgencia de proteger los derechos de las víctimas, especialmente de los grupos más vulnerables.
Durante el X Encuentro Binacional Ecuador-Colombia, celebrado en Ipiales, Colombia, y Tulcán, Ecuador, Gómez Camargo presentó un informe sobre el trabajo realizado por los equipos de duplas de género.
Este informe detalló las capacidades y desafíos en la prevención y atención de las Violencias Basadas en el Género (VBG), un problema persistente en las zonas fronterizas como el departamento de Nariño, donde la trata de personas es una problemática constante.
La delegada instó a los gobiernos de Colombia y Ecuador a transformar el Memorando de Entendimiento Binacional en una herramienta efectiva para prevenir y mitigar este delito. La cooperación entre ambos países es crucial para enfrentar esta crisis } afecta principalmente a la población más vulnerable de la región.
Colombia: un país demasiado peligroso
Colombia se ha convertido en el país más peligroso para los defensores ambientales, según un informe reciente de Global Witness. En 2023, se registraron 79 asesinatos de líderes ambientales, lo que representa el 40% de los casos a nivel mundial.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia ha documentado 248 asesinatos de defensores ambientales desde enero de 2016 hasta septiembre de 2024, de los cuales 220 eran hombres y 28 mujeres.
La definición de defensores ambientales, según la ONU, abarca a individuos y grupos que, de manera pacífica, buscan proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, incluyendo el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna, así como la defensa del territorio.
La violencia ha afectado desproporcionadamente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, quienes representan el 89% de las víctimas. Los indígenas han sido los más afectados, con 139 asesinatos, incluyendo 39 autoridades tradicionales, 38 guardias indígenas y 17 médicos tradicionales.
En el caso de los campesinos, se registraron 64 asesinatos, de los cuales 21 eran miembros de una Junta de Acción Comunal y seis guardias campesinos. Entre los afrodescendientes, 18 defensores fueron asesinados, con ocho pertenecientes a Consejos Comunitarios y cuatro a la guardia campesina.
El aumento de asesinatos de defensores ambientales ha sido constante desde 2016, cuando se registraron 14 casos. En 2023, la cifra ascendió a 44, y en 2024, hasta el 30 de septiembre, se han identificado 15 casos confirmados y otros 10 en proceso de verificación.
Las regiones más afectadas son el Pacífico y la Amazonía, con 138 y 10% de los asesinatos, respectivamente. Putumayo es el departamento con más casos, seguido de Caquetá y Guaviare.
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