El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, vicepresidente de la Corte Constitucional de Colombia, presentó un informe que revela la alarmante situación en las cárceles del país. Según el documento, la violación de los derechos de los reclusos es una constante que se ha mantenido durante más de una década, a pesar de la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en estos centros penitenciarios. De acuerdo con Semana, el informe incluye imágenes impactantes de las condiciones en las que viven los presos.
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Desde hace 11 años, la Corte Constitucional ha estado monitoreando el cumplimiento de la sentencia que busca mejorar las condiciones carcelarias. Sin embargo, el informe del magistrado Ibáñez destaca que la situación sigue siendo extremadamente preocupante. El documento no solo se basa en hallazgos y recomendaciones, también incluye visitas personales del magistrado a varios centros de detención en todo el país, donde pudo documentar de primera mano las condiciones deplorables que enfrentan los internos.
“Es extremadamente preocupante y refleja una violación masiva de los derechos de los privados de la libertad”, dice Ibáñez en el texto.
El informe está acompañado de numerosas fotografías y videos que ilustran la crisis humanitaria dentro de las cárceles colombianas. Las imágenes muestran a los reclusos en condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos, lo que pone en evidencia la gravedad de la situación. Según Semana, el cumplimiento de la sentencia que busca corregir estas deficiencias parece una utopía, dado el estado actual de las prisiones.
El escrito de Ibáñez revela que hay un hacinamiento del 112% en las estaciones de Policía y centros de detención transitoria. Según el documento, estos lugares tienen capacidad para albergar a 9.700 personas, pero actualmente superan las 20.000, lo que refleja una crisis de sobrepoblación que afecta gravemente las condiciones de vida de los detenidos.
Además, de acuerdo con un expediente del Juzgado Segundo de Penas del municipio de Santuario, se documentaron condiciones deplorables en la cárcel de Puerto Triunfo, Antioquia, donde se diagnosticaron 48 internos con desnutrición severa, 78 con desnutrición moderada y 48 con tuberculosis. La Corte destacó la falta de medicamentos, dificultades para acceder a citas médicas y serias deficiencias en la salud mental, con altos índices de suicidio entre los reclusos.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Sala de Seguimiento de la Corte, ha realizado visitas a diversos centros de reclusión para documentar las condiciones inhumanas que enfrentan los internos. Según el magistrado, las cárceles más antiguas presentan daños significativos en sus infraestructuras, como plantas eléctricas defectuosas y falta de agua potable, lo que agrava aún más la situación.
Los testimonios de los reclusos reflejan una realidad angustiante. Uno de ellos describió cómo 60 personas deben compartir un espacio diseñado para cinco, utilizando cajas de icopor para sus necesidades fisiológicas y turnándose para dormir. Otro interno pidió ayuda, mencionando que llevan años en esas condiciones, con personas enfermas y sin posibilidad de recibir atención adecuada.
La Corte también identificó la falta de programas de resocialización efectivos, señalando bajos niveles de escolarización y escasas oportunidades para la reintegración social en los centros de detención transitorios. Ante el incumplimiento de las sentencias, el magistrado Ibáñez emitió el Auto 1096, ordenando al Ministerio de Justicia coordinarse con el Inpec, la Uspec y entidades territoriales para elaborar un plan que aborde esta problemática.
A pesar de la gravedad de la situación, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, no se ha pronunciad sobre el informe debido, presuntamente, a compromisos de agenda.
Los datos recopilados por Ibáñez muestran la necesidad de una acción conjunta entre la nación y las entidades territoriales para abordar la crisis. La falta de entendimiento y coordinación entre estas instancias ha impedido la implementación de medidas efectivas para mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar sus derechos fundamentales.