En desarrollo del X Encuentro Binacional Ecuador-Colombia, celebrado en Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador), la Defensoría del Pueblo de Colombia reveló que en lo que va de 2024 se han registrado más de 150 casos de trata de personas en el país.
De estos, 120 casos involucran a mujeres, niñas y adolescentes, lo que destaca la vulnerabilidad de este grupo frente a este delito. La entidad hizo un llamado urgente para garantizar la protección de los derechos de las víctimas, especialmente en las zonas fronterizas como el departamento de Nariño, donde la trata de personas es un problema persistente.
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Durante el encuentro, Lisa Cristina Gómez Camargo, delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género, presentó un balance del trabajo realizado por los equipos de duplas de género. Estos equipos identificaron capacidades y desafíos en la prevención y atención de las Violencias Basadas en Género (VBG), destacando la necesidad de suministrar los recursos adecuados y una mayor capacitación del personal que trabaja en la protección de los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo instó a los gobiernos de Colombia y Ecuador a fortalecer la cooperación y convertir el Memorando de Entendimiento Binacional en una herramienta efectiva para prevenir y mitigar la trata de personas. Este llamado se produce en un entorno donde las víctimas son frecuentemente captadas mediante mecanismos de violencia, coerción y engaño, lo que exige una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades.
El encuentro contó con la participación de diversas entidades, incluyendo los Ministerios del Interior, Justicia y Salud, el Alto Comisionado para la Paz, y organizaciones de víctimas de desaparición forzada. Estas instituciones buscan establecer un diagnóstico sobre las fortalezas y desafíos en la lucha contra la trata de personas, con un enfoque especial en la relación entre las VBG y la trata en la región fronteriza.
La Defensoría del Pueblo enfatizó en la importancia de tomar medidas efectivas para proteger los derechos de las víctimas, con un enfoque especial en niñas, adolescentes y mujeres. Este pronunciamiento refleja la urgencia de implementar acciones concretas para prevenir y mitigar esta grave violación de derechos humanos, en un contexto donde las cifras muestran una tendencia preocupante que requiere atención inmediata.
Grave crisis humanitaria en el Cauca: desplazamiento y reclutamiento forzado de menores en aumento
El departamento del Cauca se encuentra enfrentando una grave crisis humanitaria debido al conflicto armado que ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 1,200 personas y 17 heridos en el corregimiento El Plateado, municipio de Argelia.
Por ese motivo, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el preocupante aumento del reclutamiento forzado de menores en la región, especialmente en comunidades indígenas nasa. Según la entidad, entre enero y agosto de 2024 se han registrado 190 casos de reclutamiento infantil, aunque se estima que el subregistro podría superar el 30% debido al temor de las familias a denunciar.
La situación en Cauca se agravó por la presencia de las disidencias de las Farc, lideradas por ‘Iván Mordisco’, que no solo involucran a los menores en actividades de combate, sino también en tareas de inteligencia, como vigilancia y cobro de extorsiones. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó su preocupación por el traslado de estos menores a otras zonas del departamento o incluso a regiones vecinas.
El conflicto intensificó la violencia en Argelia, donde el Comité Territorial de Justicia Transicional reportó ataques con drones en El Plateado, epicentro de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. En respuesta, Marín Ortiz instó a estos grupos a respetar a la población civil y cumplir con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La defensora también resaltó la necesidad de una intervención estructural en Cauca, que incluya una presencia integral del Estado, la implementación de programas de sustitución de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la oferta social y de seguridad para los habitantes. Sin una acción rápida y coordinada, organizaciones humanitarias advierten que la violencia y el reclutamiento infantil podrían seguir escalando en la región.