Tras el homicidio de Sofía Delgado, Congreso debatirá sobre matrimonio infantil y bancos de ADN para identificar agresores

El Congreso de Colombia ha centrado su atención en el caso de Sofía Delgado, una niña víctima de secuestro, abuso sexual y asesinato, que ha conmocionado al país. Este caso ha impulsado a varios congresistas a solicitar debates sobre proyectos de ley relacionados con la protección de menores, según informó El Espectador.

Entre las propuestas destacadas se encuentra la implementación de bancos forenses de ADN, una iniciativa promovida por el senador Humberto de la Calle. De acuerdo con el senador, estos bancos podrían ser una herramienta eficaz para prevenir la reincidencia de delitos similares, al permitir la identificación rápida y precisa de los culpables.

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“Debemos implementar los bancos de ADN forenses para darle herramientas a la justicia y delitos como el cometido contra Sofía Delgado no se repitan y si suceden, los culpables sean identificados con eficiencia. Que caiga todo el peso de la ley”, dijo el senador en su cuenta de X.

En la defensa del proyecto, aseguró que “cuando existe un banco genético robusto, disminuye dramáticamente la reincidencia, porque es la manera como el criminal sí sabe que, ahora por estar registrado, puede ser sometido al juicio que exige la sociedad colombiana”.

Por su parte, desde el Pacto Histórico, la representante Alexandra Vásquez ha instado a que se programe el debate final de la ley que busca prohibir el matrimonio infantil. Vásquez hizo hincapié en la importancia de esta discusión en el Senado, especialmente tras el caso de Sofía Delgado, para erradicar prácticas que vulneran los derechos de las niñas. Este proyecto cuenta con el respaldo de varias congresistas bajo el lema “Son niñas, no esposas”.

En medio de la conmoción generada por el caso, algunos legisladores han vuelto a poner sobre la mesa el tema de la cadena perpetua como una posible medida para castigar delitos graves contra menores.

La discusión sobre estas iniciativas legislativas refleja un esfuerzo por parte del Congreso para fortalecer las medidas de prevención y sanción de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, afirmó que la posible reducción de penas para quienes cometen delitos contra menores no implicará impunidad. Esta declaración surge en medio de un debate legislativo sobre la reforma a la justicia, que incluye un artículo controvertido que algunos sectores de la oposición consideran podría beneficiar a los agresores. A pesar de las garantías de la ministra, varias bancadas han mostrado su intención de eliminar dicho artículo de la propuesta.

A pesar de las diferencias, parece haber un consenso general en la necesidad de que el Legislativo aborde una agenda enfocada en mecanismos para prevenir y castigar la violencia contra los niños y niñas.

En Colombia, los delitos de abuso sexual contra menores, especialmente cuando se combinan con asesinato y secuestro, enfrentan penas que aunque pueden considerarse severas, para algunos son muy laxas.

Según la normativa vigente, los abusadores de menores pueden ser condenados a cadena perpetua revisable, lo que implica que, aunque tienen derecho a una revisión de su condena, no podrán quedar en libertad sin cumplir al menos 50 años de prisión.

Las penas de prisión para delitos sexuales contra menores varían entre 9 y 13 años, dependiendo de la gravedad del delito. Sin embargo, existen agravantes que pueden aumentar estas penas. La edad de la víctima es un factor determinante; si la víctima es menor de 14 años, la sanción puede ser más severa. Además, si la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a su edad, la pena también puede ser agravada. La reincidencia del agresor es otro elemento que puede influir en el aumento de la pena.

En casos donde el abuso sexual se combina con asesinato, las penas pueden alcanzar hasta 60 años de prisión. El secuestro de un menor, junto con el abuso sexual, también conlleva penas severas, siendo juzgado bajo el Código Penal con sanciones que varían según las circunstancias del caso. Estos delitos son tratados con la máxima severidad por la justicia colombiana, reflejando la gravedad de los actos cometidos.