En Colombia, el uso de los “paraísos fiscales” resultó en una creciente desigualdad económica, afectando gravemente los ingresos tributarios del país. Durante la última década, aproximadamente un tercio de la inversión extranjera directa que entra o sale de Colombia pasó por jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Según el Banco de la República, el 28% de la inversión que llegó a Colombia provino de estos territorios, siendo Panamá uno de los principales destinos, con USD 935 millones.
Este fenómeno no solo representa una fuga de capitales, sino que pone en riesgo la capacidad del Estado de financiar programas sociales y de desarrollo. De hecho, en 2024, más de un tercio de la Inversión Directa de Colombia en el Exterior (Idce) se destinó a países de baja o nula tributación, lo que se tradujo en la salida de $3,2 billones de pesos en solo los primeros seis meses del año
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Esta cifra equivale al 37% del presupuesto proyectado para la inversión en inclusión social del país en 2025, lo que señala el impacto negativo que estas prácticas tienen sobre los recursos necesarios para combatir la desigualdad y mejorar el bienestar de la población.
Marcela Prieto, directora ejecutiva de Oxfam Colombia, insistió en la importancia de cambiar la percepción sobre estos territorios, afirmando que “Oxfam Colombia hace el llamado a dejar de utilizar el término ‘paraíso fiscal’, porque no son, en sentido estricto, un ‘paraíso’ para las finanzas colombianas. Son más bien guaridas fiscales que esconden recursos que deberían ser utilizados para garantizar los derechos de todas las personas, especialmente aquellas en mayor situación de vulnerabilidad”.
Estos territorios permiten a grandes empresas y personas adineradas evitar los impuestos, lo que priva al país de fondos vitales para financiar infraestructura, programas sociales y otros servicios básicos.
Así mismo, Colombia se posicionó como el octavo país de América Latina que más perdió ingresos fiscales debido al traslado de beneficios al exterior por parte de grandes corporaciones. Este fenómeno debilita de manera considerable las finanzas públicas, acentuando la desigualdad en una nación ya considerada la más desigual de la región. Ante esto, el Gobierno colombiano expresó su interés en la implementación de un sistema tributario progresivo, en el cual aquellos con mayores ingresos y grandes empresas asumieran una mayor carga fiscal.
Según Oxfam, Colombia necesita fortalecer su normativa tributaria, revisando su lista de guaridas fiscales y adoptando criterios más rigurosos para identificar las jurisdicciones que facilitan la evasión fiscal. La cooperación internacional también es una herramienta crucial en la lucha contra estas prácticas, ya que permitiría un mejor intercambio de información fiscal entre naciones. Además, reforzar la capacidad de la Dian para rastrear flujos financieros hacia estos territorios resultaría en una medida clave para combatir el problema.
Implicaciones económicas de las ‘guaridas’
La pérdida de recursos de Colombia hacia paraísos fiscales tiene profundas implicaciones tanto económicas como sociales. En términos económicos, este fenómeno afecta significativamente la recaudación tributaria del país. Cuando grandes empresas o individuos trasladan sus capitales a jurisdicciones con bajos o nulos impuestos, el Estado deja de recibir ingresos que podrían destinarse a sectores esenciales como la educación, la salud, o la infraestructura. La evasión fiscal no solo limita la capacidad del Gobierno para financiar programas públicos, también incrementa el déficit fiscal y la deuda pública, afectando la estabilidad macroeconómica.
Además, el drenaje de recursos hacia paraísos fiscales perjudica la equidad en el sistema tributario. Mientras grandes corporaciones y personas de altos ingresos logran reducir su carga fiscal mediante estas prácticas, la clase media y baja soporta una mayor proporción de los impuestos. Esto genera una distribución desigual de la riqueza y profundiza las brechas sociales.
En el ámbito social, la pérdida de ingresos fiscales contribuye a la desigualdad y limita el acceso a servicios básicos para los sectores más vulnerables. Programas de asistencia social y desarrollo comunitario, que dependen de los recursos del Estado, ven reducida su capacidad de respuesta. En consecuencia, la evasión y elusión fiscal afectan las finanzas públicas, al tiempo que erosionan la confianza en las instituciones, al percibirse una falta de justicia tributaria y desigualdad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.