Por medio de un informe, la oenegé International Crisis Group (ICG) aseguró que la no consolidación de la paz de Colombia con las extintas Farc ha representado para la Amazonía colombiana una problemática que puede empeorar la crisis biológica con “la época de tala tradicional de octubre”.

Y es que la presencia de estructuras de Estado Mayor Central (EMC) en esta parte del país y el constante rifirrafe con unidades de otras guerrillas, como las disidencias de las Farc, representa para las autoridades un acceso limitado para actuar en contra de la tala ilegal de árboles en el sur y oriente del Amazonas colombiano.

Según se lee en el reporte, “las tasas de deforestación parecen haber aumentado drásticamente en el primer semestre de 2024 en Colombia”, en especial, luego de que las disidencias se dividieran en medio de las negociaciones de paz con el Gobierno Petro.

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International Crisis Group afirma en el informe que el EMC tiene “el poder de frenar o acelerar la deforestación cuando así lo decide” en las zonas donde ejerce influencia. Es importante destacar que el Estado Mayor Central tiene presencia en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía en el oriente colombiano, y desde estos lugares se ha expandido al Amazonas, Putumayo, Casanare, Arauca y Norte de Santander. Pero también se tienen datos de su presencia en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

La deforestación significa entradas económicas para el grupo armado ilegal, apunta el informe, puesto que mediante la ganadería, los cultivos ilícitos y la minería ilegal, que se realizan en el suroriente del país, ha afectado la fauna y flora en esta parte del país, donde también realizan extorsiones a campesinos y habitantes de diferentes municipios.

El EMC se ha “introducido por la fuerza en la vida cívica”, convirtiéndose en un Estado de facto, informa ICG, utilizando estos espacios apartados de gobernaciones centrales, como escondite y arma de presión contra los mismos; aseguró la oenegé.

El informe también ejemplifica la situación que se vive en el Guaviare, donde los defensores y peritos “no han podido entrar a la Amazonía desde 2019″. Además, indicó que en 2023, Colombia perdió 79.256 hectáreas de bosque, espacios tan amplios como Nueva York o Lima.

La fuerza pública y los disidentes de Iván Mordisco se han enfrentado luego de las fallidas negociaciones de paz y cerca a la cumbre de la biodiversidad COP16, que se realizará en la ciudad de Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre.

Desde entonces, los disidentes han desarrollado diferentes ataques en contra de municipios cercanos a la capital del Valle del Cauca. Por ejemplo, el miércoles 16 de octubre de 2024, una granada explotó junto a una estación de policía a 25 kilómetros de la ciudad de Cali, sin dejar víctimas. También se han registrado ataques con drones en diferentes puntos del departamento ubicado en el suroccidente colombiano.

En ese departamento también hay presencia de actores armados como el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental, la Segunda Marquetalia, tránsito de la Compañía Móvil Adán Izquierdo del Bloque Central Isaías Pardo, estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y diferentes bandas locales, que también presentan dificultades para el Estado colombiano.

El ICG concluyó señalando que esta problemática también afecta a Brasil y Perú, puesto que los grupos perpetran la violencia “contaminan tierras y vías fluviales y reclaman ilegítimamente franjas de territorio”, y afirmó que la debilidad de las autoridades “refuerza una combinación de violencia mortal, desintegración comunitaria y daño ambiental plantean preguntas urgentes sobre si los tres estados pueden cumplir con los compromisos que han asumido para proteger la biodiversidad de la Amazonia y su papel esencial como regulador global del clima”.