Los confesos asesinos del ganadero Esteban Urueta se echaron para atrás: no aceptaron cargos

En una audiencia virtual celebrada el jueves 17 de octubre, Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto, acusados del asesinato del ganadero Esteban Urueta González y sus dos mayordomos, Fredy Beleño y Gerardo Marzola, rechazaron los cargos imputados por la Fiscalía Primera Seccional de Montería.

Los delitos incluyen homicidio agravado, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado, y ocultamiento o destrucción de evidencia. Este triple homicidio ocurrió el 10 de septiembre en una finca en Chimá, Córdoba, donde las víctimas fueron encontradas en una fosa común.

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La investigación reveló que los acusados, que habían trabajado con Urueta, aprovecharon la confianza de las víctimas para perpetrar el crimen. Según la Fiscalía, los cuerpos fueron incinerados antes de ser enterrados, además, los señalados de cometer el crimen también se robaron los celulares de sus víctimas y 700 reses del ganadero.

La captura de los presuntos implicados se realizó en Cartagena por el Gaula de la Policía, que había ofrecido una recompensa por su detención.

Durante la audiencia, el fiscal describió la brutalidad del crimen, señalando que las víctimas fueron desnucadas con un golpe en el cuello, incineradas y luego arrojadas a una fosa de un metro de profundidad. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se programó para el 30 de octubre.

El fiscal también destacó que más personas podrían estar involucradas en el crimen, y que los empleados del ganadero fueron asesinados antes que Urueta. La audiencia reveló que el ganadero, confiado en sus empleados, no sospechaba que lo llevarían a una emboscada mortal.

Este caso conmocionó a la comunidad de Córdoba, y la justicia busca esclarecer los hechos para brindar justicia a las familias de las víctimas. La investigación continúa para identificar a todos los responsables de este violento crimen.

En un caso que dejó conmocionada a la comunidad del departamento de Córdoba y al país entero, el asesinato del ganadero Esteban Urueta y sus dos trabajadores, Freddys Beleño y Gerardo Marzola, reveló detalles escalofriantes sobre la brutalidad del crimen. Según la Fiscalía, los cuerpos fueron incinerados y enterrados en una fosa común, ubicada en una zona de densa vegetación que los perpetradores utilizaron para ocultar sus acciones.

“El primero, Freddy Beleño, fue impactado en la cabeza y en el tórax con arma de fuego de defensa personal”, indicó el fiscal del caso, añadiendo que las víctimas fueron “golpeados mortalmente con elementos contundentes” y “desnucados, calcinados e inhumados en la fosa común”.

Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre, cuando Beleño y Marzola fueron asesinados alrededor de la 1:00 de la tarde. El fiscal explicó que Beleño recibió disparos en la cabeza y el tórax con un arma de fuego de defensa personal. Posteriormente, ambos trabajadores fueron golpeados con objetos contundentes, desnucados y calcinados antes de ser enterrados.

El asesinato de Urueta se produjo aproximadamente a las 3:00 de la tarde del mismo día. Los atacantes lo interceptaron tras cruzar un pequeño puente, lo asesinaron y lo arrojaron en la fosa preparada para él. Además, se apoderaron de su iPhone, valorado en siete millones de pesos, y lo apagaron para evitar ser rastreados.

La Fiscalía imputó a los acusados cargos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, así como ocultamiento de material probatorio. Según el fiscal, los acusados actuaron con premeditación y aprovecharon el estado de indefensión de las víctimas, llevándolas a un lugar estratégico donde la naturaleza, con su vegetación de más de dos metros de altura, les sirvió de aliada.

El lugar del crimen, descrito como una zona de escaso tránsito de personas, fue cuidadosamente elegido para evitar ser detectados. La fosa donde fueron enterrados los cuerpos tenía una profundidad de un metro, dos metros de largo y 85 centímetros de ancho, según las coordenadas proporcionadas por la Fiscalía.

El fiscal enfatizó que los acusados eran plenamente conscientes de la ilicitud de sus acciones, descartando cualquier posibilidad de inimputabilidad. Este caso ha generado un gran impacto en la región, no solo por la brutalidad de los hechos, sino también por la planificación meticulosa que se llevó a cabo para cometer los asesinatos sin ser descubiertos.