Registraduría adjudicó millonario contrato a firma vinculada con Thomas Greg & Sons y el Gobierno Petro amenazó con denuncias penales

La Registraduría Nacional del Estado Civil adjudico sobre las 9 de mañana un contrato por 41.000 millones de pesos para gestionar la logística, tecnología e informática de las elecciones de las Juntas de Administradoras Locales (J.A.L), que se llevarán a cabo en noviembre en 42 municipios de 22 departamentos de Colombia. Este contrato fue otorgado a la Unión Temporal Disproel 2024, compuesta por Grupo ASD, Compañía Colombiana de Seguridad Transbank y Thomas Greg & Sons.

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El proceso de adjudicación ha generado controversia, especialmente entre la Presidencia de la República y la organización electoral. Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, expresó preocupaciones de que el contrato podría estar diseñado específicamente para beneficiar a la multinacional Thomas Greg & Sons. Sin embargo, la Registraduría defendió el proceso, afirmando que la convocatoria estuvo abierta durante 45 días y que los requisitos permitían la participación de otras empresas tanto nacionales como internacionales. A pesar de ello, la Unión Temporal fue el único oferente.

La Registraduría respondió a estas críticas asegurando que el proceso fue transparente y que se cumplieron todos los requisitos legales para garantizar una competencia justa. No obstante, la controversia persiste, especialmente debido al papel predominante de Thomas Greg & Sons en contratos estatales anteriores, lo que ha generado desconfianza en algunos sectores del gobierno y la sociedad civil.

Desde la Secretaría de Transparencia, encabezada por Andrés Idárraga, se ha planteado la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación si la compañía resulta adjudicataria. La denuncia podría incluir delitos relacionados con el incumplimiento de requisitos legales y un posible interés indebido en la celebración de contratos, lo que podría constituir una lesión a los intereses públicos.

Idárraga ha señalado que están a la espera de respuestas del registrador nacional, Hernán Penagos, para decidir los pasos a seguir. Dependiendo de estas respuestas, el Gobierno podría proceder con acciones legales que incluirían una denuncia penal por delitos contra la administración del Estado, tal como lo establece el código penal colombiano.

El proceso de licitación ha sido objeto de escrutinio debido a que Thomas Greg & Sons es el único participante, lo que ha suscitado dudas sobre la transparencia y la competencia en el proceso. La situación ha llevado a la Presidencia a considerar medidas legales para asegurar que el proceso cumpla con los estándares legales y de transparencia requeridos.

El alto funcionario de la Presidencia también ha mencionado que, en el ámbito disciplinario, se están considerando acciones similares en respuesta a llamados reiterados sobre la situación. La preocupación del Gobierno se centra en garantizar que los procesos de contratación pública se realicen de manera justa y transparente, protegiendo así los intereses del Estado y de los ciudadanos.

Descartó que se trate de una persecución por parte del Gobierno nacional contra Thomas Greg: “En lo absoluto, por una parte, lo que buscan personas jurídicas como Thomas Greg, es mantener esta serie de situaciones que, en nuestra consideración, están lejos de ser actuaciones contractuales transparentes. ¿Usted, cómo puede explicar que desde el año 2007 a la fecha más de 4.4 billones, con ‘b’, 4 billones de pesos, se hayan sido asignados con oferente único en la Registraduría General del Estado Civil? Eso no tiene —digamos— ninguna presentación a la luz del cumplimiento de la ley, por una parte. Por otra, otras personas están queriendo juntar una serie de hechos que vienen de Gobierno nacional, pero en el caso de la Secretaría de Transparencia estamos solamente solicitando, señor registrador, por favor, garantice el cumplimiento de la ley”.

La polémica se intensificó con una licitación de 41.000 millones de pesos para una solución logística, tecnológica e informática destinada a la organización de procesos electorales. La Registraduría afirmó que las observaciones realizadas por Petro e Idárraga ya habían sido planteadas por otros interesados en el proceso y que se han revisado minuciosamente. Además, aseguró que no existen restricciones para otros oferentes, ya que las fechas de ejecución del contrato están alineadas con el calendario electoral.

El presidente Gustavo Petro también señaló las irregularidades de la relación de Thomas Greg con la Registraduría Nacional basado en el informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la compañía ha firmado al menos 27 contratos con la Registraduría desde 2007, por un valor que supera los 4,4 billones de pesos. En 26 de esos contratos, Thomas Greg & Sons fue el único oferente, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la falta de competencia en los procesos de contratación.

El presidente Petro ha manifestado anteriormente su preocupación por el control que Thomas Greg & Sons podría tener sobre la base de datos de los colombianos y el escrutinio de las elecciones. En febrero, Petro criticó a la empresa, propiedad de la familia Bautista, por su influencia en la Registraduría.

Este conflicto ocurre en un contexto político que podría influir en las elecciones de 2026, generando dudas sobre las posibles confrontaciones que podrían surgir en el periodo previo a los comicios. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la competencia en los procesos de contratación pública en Colombia.