La Comisión de Disciplina Judicial está considerando asumir una investigación disciplinaria contra el juzgado que liberó a Brayan Campo, quien confesó el feminicidio de la niña Sofía Delgado.
La liberación de Campo se produjo debido al vencimiento de términos, a pesar de que enfrentaba otro proceso judicial por abuso sexual de una menor en 2018.
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Este caso ha generado gran controversia, ya que la decisión de liberar a Campo ha sido cuestionada por diversas organizaciones y sectores de la sociedad. La Comisión de Disciplina Judicial evalúa si el juzgado actuó correctamente al aplicar la figura del vencimiento de términos, un recurso legal que permite la libertad de un acusado si no se ha dictado sentencia en un tiempo razonable.
La situación se complica aún más debido al historial judicial de Campo. En 2018, fue acusado de abuso sexual a una menor, un proceso que aún estaba en curso cuando se le otorgó la libertad por el caso de Sofía Delgado. Este antecedente ha intensificado las críticas hacia el sistema judicial y su manejo de casos de violencia de género, según se ha registrado en varios medios de comunicación como tema del día y en conversaciones en redes sociales.
La liberación de Campo ha reavivado el debate sobre la eficacia y la sensibilidad del sistema judicial colombiano en casos de feminicidio y violencia sexual. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han manifestado su preocupación por lo que consideran una falta de justicia y protección para las víctimas.
La Comisión de Disciplina Judicial, al considerar asumir la investigación, busca determinar si hubo negligencia o irregularidades en el manejo del caso por parte del juzgado. Esta decisión podría tener implicaciones significativas para el sistema judicial, especialmente en la forma en que se manejan los casos de violencia de género y los derechos de las víctimas.
Fallas judiciales expuestas tras un trágico crimen que pudo evitarse
El 17 de octubre de 2024, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Sofía Delgado, una niña de 12 años que había desaparecido el 29 de septiembre del mismo año.
El caso ha generado conmoción, especialmente tras conocerse que el presunto asesino, Brayan Snaither Campo Pillimue, de 32 años, había estado en libertad a pesar de enfrentar un juicio por un delito similar en 2018.
Según lo informado, Campo Pillimue, vecino del sector donde vivía Sofía y propietario de una veterinaria en la zona, confesó ser el autor del crimen. Este individuo ya había sido procesado por la violación de otra menor en 2018, pero, a pesar de la gravedad del delito, se encontraba en libertad debido al vencimiento de términos en su proceso judicial anterior.
Campo Pillimue estuvo encarcelado entre 2018 y 2019. Sin embargo, problemas relacionados con sus traslados a las audiencias judiciales llevaron a que los términos se vencieran, lo que permitió a su defensa solicitar su liberación. Esta situación ha generado indignación y cuestionamientos en la comunidad sobre el sistema judicial y la protección de las víctimas.
El caso de Sofía Delgado ha puesto de manifiesto las fallas en el sistema judicial que permitieron que un individuo con antecedentes de delitos graves estuviera libre. La comunidad exige respuestas y acciones concretas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
La gobernadora del Valle del Cauca pide endurecer penas para proteger a menores
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha manifestado la necesidad de reformar el sistema judicial colombiano para endurecer las penas contra los criminales que atacan a menores de edad.
En una entrevista con W Radio, Toro expresó su indignación por el caso de Sofía Delgado, una niña que fue asesinada después de 19 días de búsqueda por parte de su familia y las autoridades.
La gobernadora enfatizó que los responsables de tales crímenes deben cumplir sus condenas sin beneficios, y sugirió reabrir el debate sobre la cadena perpetua para los abusadores de menores.
La mandataria departamental destacó que es imperativo que los fiscales colaboren para evitar que se repitan casos como el de Campo Pillimue, quien fue liberado a pesar de la gravedad del delito que presuntamente cometió en 2018. Toro subrayó que la única manera de enfrentar estos crímenes es aplicando todo el peso de la ley a los culpables, asegurando que cumplan sus penas sin ningún tipo de beneficio.
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