
En medio de la investigación sobre las interceptaciones ilegales que involucraron a Marelbys Meza, exniñera del hijo de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, se registró un nuevo avance tras la confesión del policía Fredy Gómez Bustamante.
Durante una audiencia que se registró en la tarde del 17 de octubre de 2024, Gómez Bustamante pidió perdón públicamente tanto a Meza como a Jhonson Pineda, este último implicado en el caso a raíz de una supuesta pérdida de dinero en la residencia de Sarabia.
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Gómez Bustamante, en su intervención, reconoció que mintió, lo que pudo haber causado un daño moral a Meza y a Pineda: “De corazón le pido perdón a la señora Marelbys Meza porque con mi mentira pude haberle causado un gran daño moral”, afirmó el uniformado durante la audiencia en la que también confesó no conocer personalmente a ninguno de los dos afectados: “Al señor Jhonson Pineda, también le pido perdón públicamente por todos los daños que pude haberle causado por mentir. Y al señor Jhonson no lo conozco, confieso que ni siquiera lo he conocido y a la señora Marelbys Meza tampoco”.
Es menester acotar que este caso se desarrolla desde principios de 2023, momento en el que Marelbys Meza fue señalada de haber sustraído una cantidad de dinero no especificada de la residencia de Sarabia.

A raíz de estas acusaciones, se iniciaron una serie de medidas que incluyeron la aplicación de una prueba poligráfica a Meza y la interceptación ilegal de sus comunicaciones, conocidas comúnmente como “chuzadas”, por lo que en dichas acciones, además de Gómez Bustamante, también estuvieron implicados otros miembros de la Policía Nacional.
Por tal motivo, el avance del caso ha resultado en la condena de varios policías, pues a mediados de septiembre de 2024, los uniformados Dana Alejandra Canizales y Luis Alfonso Quinchanegua, pertenecientes a la Policía Judicial (Sijín), fueron condenados a diez años de prisión domiciliaria tras aceptar su responsabilidad en las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza.
Ambos sindicados llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el cual, se comprometieron a colaborar como testigos en los procesos judiciales que aún están en curso y como parte de dicho acuerdo, debían ofrecer disculpas públicas a las víctimas afectadas.

Ante las disculpas de los uniformados, Meza aseguró que: “Mi vida se acabó a nivel laboral, a nivel personal”, una afirmación que dejó en evidencia el impacto devastador que las acusaciones y el tratamiento al que fue sometida han tenido sobre su vida.
Meza también se refirió a las acusaciones en su contra que, inicialmente, involucraron la supuesta desaparición de 4.000 dólares, luego aumentaron a 7.000 dólares y finalmente a la suma de 150 millones de pesos: “Siempre he dicho que no me he robado nada, yo no he cogido absolutamente nada; yo le decía a Laura: ¿de qué se me acusa?”.
En ese sentido, Meza criticó las inconsistencias en las cifras manejadas durante la investigación, así como el hecho de que nunca se le informó sobre la naturaleza exacta de los documentos o bienes que supuestamente se le acusaba de haber robado.
Consecuencias para Sarabia y el Gobierno
El caso de las interceptaciones también salpicó al entorno gubernamental, dado que la implicación de Laura Sarabia, que ocupaba un cargo de alta relevancia dentro del Gobierno de Gustavo Petro, generó controversia desde el inicio.

Aunque Sarabia negó desde el principio cualquier responsabilidad directa en las acciones ilegales cometidas en contra de su exempleada, el caso generó dudas sobre el manejo interno de estas situaciones dentro del gobierno.
Por lo tanto, la Fiscalía sigue investigando si existieron órdenes específicas desde instancias gubernamentales para llevar a cabo las interceptaciones ilegales, así como otras posibles ramificaciones del caso.
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