Carlos Hernán Rodríguez alertó por serios problemas en la reforma rural del Gobierno: “Seguirá siendo una promesa vacía”

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una contundente crítica a la ejecución de la Reforma Rural Integral en Colombia, enfatizando la urgencia de implementar la Jurisdicción Agraria y Rural como un mecanismo esencial para abordar los problemas históricos de tenencia de tierras en el país.

En un contexto donde las expectativas de acceso a la tierra para millones de colombianos se ven amenazadas por la ineficacia del Estado, el contralor subrayó que se han mal ejecutado 5,2 billones de pesos en recursos destinados a esta reforma.

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Durante la instalación del ‘Foro Jurisdicción Agraria y Rural, Estructuración y Retos en el Contexto de la Reforma Rural Integral’, Rodríguez Becerra expresó su preocupación por el incumplimiento de las estrategias, metas e indicadores que se habían propuesto para la implementación efectiva de esta reforma.

“Desde este Foro instamos al Gobierno nacional para que, a través de sus Ministerios, Agencias y demás entidades, se avance significativamente en la resolución de los múltiples conflictos agrarios que afectan el país”, afirmó el contralor.

La Jurisdicción Agraria y Rural, incorporada en la Constitución mediante el Acto Legislativo No. 03 de 2023, busca establecer jueces y magistrados especializados en disputas agrarias. “La dilación en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria ha acentuado los problemas relacionados con la propiedad y la recuperación de tierras”, advirtió Rodríguez Becerra; y enfatizó en que “si no se toman medidas inmediatas y efectivas, los sueños de acceso a la tierra y desarrollo rural para millones de colombianos seguirá siendo una promesa vacía”.

Uno de los aspectos más críticos que abordó el contralor es la inequidad en la tenencia de la tierra, que ha sido un problema recurrente en el sector agrario colombiano. “La concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos ha generado tensiones sociales y ha limitado el acceso de las comunidades rurales a recursos productivos”, aseveró. Para contrarrestar esta situación, Rodríguez Becerra enfatizó la necesidad de una actualización y operación del catastro multipropósito, instando a la Presidencia de la República y otras entidades a colaborar en este esfuerzo.

El contralor también se refirió al desarrollo del punto 1.1.1 del Acuerdo Final de Paz de 2016, que estipula la adquisición de predios rurales. Según los informes de la Contraloría, hasta enero de 2024, menos del 1% de las hectáreas estipuladas en el acuerdo han sido adjudicadas a la población campesina. “Hasta esa fecha, solo 5.260,8 hectáreas, es decir, el 0,175%, habían sido efectivamente adjudicadas”, destacó. Además, en virtud de un convenio firmado entre el Gobierno y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), solo se han adquirido 805,3 hectáreas, equivalentes al 0,026% de la meta de 3 millones de hectáreas.

“De acuerdo con esta información, se podría decir que, a este ritmo y sin la Jurisdicción Agraria, para cumplir la meta de adjudicación se necesitarían aproximadamente más de 3.984 años para adjudicar las casi 3 millones de hectáreas previstas”, expresó con preocupación el contralor.

En relación con la formalización de tierras, Rodríguez Becerra también mencionó que, de las 7 millones de hectáreas que deben formalizarse, solo se han formalizado 123.319,07 hectáreas, lo que equivale al 1,7% de la meta. “A este ritmo, se podría inferir que se necesitarían 389 años para formalizar las 6.876.680 hectáreas restantes”, señaló. Esta situación pone de manifiesto la ineficacia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el manejo de estos procesos.

La nueva Jurisdicción Agraria y Rural está diseñada para resolver los conflictos que la ANT ha estado gestionando, pero el Contralor expresó serias dudas sobre la capacidad de esta agencia para abordar los problemas complejos relacionados con la tenencia de tierras. “La falta de recursos financieros y humanos ha limitado la capacidad de la Agencia para atender de manera eficiente las demandas de restitución y formalización de tierras”, agregó.

Rodríguez Becerra destacó los resultados de una Auditoría Financiera a la ANT, donde se reveló que, de los predios adquiridos en 2023, 17 no fueron ingresados al Fondo de Tierras, a pesar de contar con registros de compra. “Esto genera riesgos sobre la consistencia de la información de los activos de este Fondo y un inventario desactualizado, afectando la razonabilidad de sus Estados Financieros”, advirtió.

En su intervención, Rodríguez Becerra también criticó el uso de los recursos transferidos al Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz. “Se está utilizando como una manera de mostrar ejecución sin que medie un bien o servicio en beneficio de la comunidad, para el caso de la adquisición de predios”, denunció. Este tipo de prácticas ha contribuido a la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la reforma rural.

El contralor concluyó su intervención enfatizando la importancia de avanzar en la creación de mecanismos efectivos que permitan garantizar el acceso a la tierra y la justicia en las zonas rurales del país. “El tiempo de espera para un cambio significativo no debe ser eterno. La implementación efectiva de la Jurisdicción Agraria y Rural es crucial para abordar las desigualdades históricas que han afectado a millones de colombianos”,