El asesinato de Sofía Delgado, una niña de 12 años que fue encontrada en un cañaduzal de Candelaria, Valle del Cauca, ha generado una profunda conmoción en el país.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reveló detalles preocupantes sobre el presunto responsable del crimen, Brayan Campo Pillamue, cuya captura fue legalizada en horas de la tarde del jueves 17 de octubre, y que ahora enfrenta acusaciones por el secuestro, abuso sexual y asesinato de la menor.
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Según la mandataria, Campo Pillamue podría presentar aparentes problemas de salud mental, dado que todas las víctimas vinculadas a sus crímenes comparten un inquietante patrón.
“Hay algo que me parece curioso, y es que su hija de seis años se llama Sofía, la niña que violó hace cuatro o cinco años se llama Sofía, y la niña que asesina horrendamente también se llama Sofía”, señaló Toro. La gobernadora subrayó que estos patrones podrían estar relacionados con un grave trastorno mental que exige atención. “Son problemas de salud mental en los que tenemos que trabajar muchísimo, especialmente ahora, después de la pandemia, que ha empeorado las situaciones mentales de muchos”, agregó.
Toro indicó que el departamento ya ha comenzado a implementar estrategias para abordar los problemas de salud mental en la región, como las “escuelas de familia”, que buscan brindar apoyo psicosocial tanto a los niños como a los padres. “Vamos a trabajar para que entre los niños y los papás podamos tener un tipo de atención psicosocial que es fundamental”, explicó la gobernadora.
En sintonía con las declaraciones de Toro, Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), también se pronunció enérgicamente tras el asesinato de Sofía Delgado. “No hay dolor más grande que este”, dijo, condenando la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
Para Cáceres, la salud mental es un factor clave a abordar: “Hay un problema de salud mental que atender (…). Hay que generar todas las condiciones para que los niños y niñas estén realmente seguros en cualquiera de los entornos”, afirmó.
Aunque la directora del Icbf enfatizó la necesidad de aumentar las penas y sanciones para los responsables de crímenes contra menores, advirtió que esto no resolverá por completo la situación. “Hay que subir las penas y sancionar más fuerte, pero eso no va a quitar el riesgo para los más pequeños en las calles”, sostuvo, subrayando que la solución debe ser integral y enfocada en la prevención.
Por lo anterior, destacó la importancia de unir esfuerzos entre el Estado, la sociedad civil y las familias para garantizar la protección de los menores: “No hay otra forma de parar la violencia (...) si no sumamos entre todos la lucha de la sociedad civil, las estrategias y los recursos del Estado”, afirmó.
La funcionaria hizo hincapié en la urgencia de fortalecer los entornos protectores para los niños y niñas en Colombia. “Es el mismo dolor que hemos tenido en más de 70.000 casos de restablecimiento de derechos”, dijo, refiriéndose al número de niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia y cuyos derechos han sido vulnerados en el país.
Una tragedia que enluta a toda una Nación
El caso de Sofía Delgado ha generado un fuerte impacto en la opinión pública. La niña desapareció el 29 de septiembre tras salir de su casa en Candelaria, Valle del Cauca, con el propósito de comprar un champú para bañar a su perrita. Fue vista por última vez en el barrio La Victoria, del corregimiento Villagorgona en Candelaria, Valle del Cauca; y desde entonces, su paradero fue un misterio hasta que su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en un cañaduzal.
La Alianza por la Niñez Colombiana, una coalición de 24 organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de los menores, emitió un comunicado en el que “rechaza, condena y lamenta profundamente” la muerte de Sofía.
Además, rechazo hacia los proyectos legislativos que buscan suavizar las penas para quienes cometan crímenes contra menores. “Es una burla pensar en la posibilidad de reducir castigos cuando estamos ante un crimen tan atroz”, señalaron en su pronunciamiento.
“Estamos entregando al Estado los compromisos que Colombia tiene que asumir para proteger a las niñas y niños, compromisos que deben quedar consignados en la declaración que tendremos en la Primera Conferencia Global Ministerial para poner fin a la violencia contra la niñez”, agregó la Alianza por la Niñez Colombiana.
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