Altus Baquero aclaró su voto sobre la ponencia que formuló cargos a Gustavo Petro: envió fuerte mensaje al CNE

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Altus Baquero, aclaró su voto frente a la reciente decisión del tribunal de abrir una investigación y formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por la presunta violación de los topes de financiación electoral.

Aunque Baquero manifestó estar de acuerdo con la apertura del proceso para preservar la transparencia en el sistema democrático, destacó que el CNE no es competente para investigar directamente al presidente en ejercicio.

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Baquero expresó su preocupación por la inclusión del presidente Gustavo Petro en la investigación, señalando que se ha ignorado el fuero constitucional que protege a los jefes de Estado en ejercicio. En su aclaración de voto, Baquero resaltó que la investigación debe limitarse a los actores directamente responsables de la gestión financiera de la campaña, como el gerente, el tesorero y los auditores, pero no al propio presidente. En sus palabras, “el acto administrativo en cuestión incurre [...] en un desconocimiento del fuero de protección consagrado en el artículo 178 de la Constitución Política”.

El magistrado también puso en duda si la investigación debería abarcar la segunda vuelta de las elecciones, sugiriendo que las posibles irregularidades en la financiación se limitarían a la primera vuelta, en particular a la omisión en el reporte de un crédito otorgado por el partido Polo Democrático Alternativo y de una factura electrónica emitida por Caracol Televisión.

La investigación, que fue aprobada por el pleno del CNE el 8 de octubre de 2024, tiene como objetivo determinar si la campaña de la Coalición Pacto Histórico superó los topes de financiación permitidos para las elecciones de 2022. Según la resolución del CNE, los gastos de la primera vuelta presidencial presuntamente superaron los límites establecidos por $856.102.872, una cifra que, de confirmarse, pondría en evidencia una clara infracción a las normas electorales.

El magistrado Baquero detalló que el tope de financiación para la primera vuelta presidencial era de $28.536.520.492, mientras que los gastos registrados por la campaña ascendieron a $29.240.782.873. Esta diferencia, que incluye la presunta omisión del reporte de gastos, será clave en la investigación del CNE.

Además, la aclaración de voto de Baquero también menciona que la resolución debe analizar si la vulneración de los topes se refiere solo a la primera vuelta, dada la falta de pruebas concretas sobre la segunda vuelta, donde la victoria de Petro fue decisiva para su llegada a la presidencia.

El Consejo Nacional Electoral ya inició el proceso de notificación a los involucrados en la investigación. Tras la aprobación de la ponencia liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se notificó formalmente a los implicados, quienes tendrán un plazo de cinco días hábiles para presentarse en la sede del tribunal y conocer los detalles de los cargos.

El siguiente paso será la presentación de una nueva ponencia con base en las pruebas recolectadas durante la investigación, tras lo cual el CNE deliberará para tomar una decisión final. Si se determina que hubo una violación a los topes de financiación, el caso se remitirá a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la instancia encargada de investigar a los altos funcionarios aforados, incluyendo al presidente de la República.

En caso de que la investigación avance en esta dirección, Petro podría enfrentar un proceso en el Congreso, donde, según el artículo 119 de la Constitución, podría ser declarado indigno para ejercer el cargo de presidente.

Mientras se desarrolla el proceso, el CNE también podría imponer sanciones administrativas a la campaña de la Coalición Pacto Histórico y al partido Colombia Humana, que avaló la candidatura de Gustavo Petro. Una de las consecuencias más graves sería la pérdida de la personería jurídica de Colombia Humana, lo que afectaría su capacidad de participar en futuras elecciones.

Altus Baquero concluyó su aclaración subrayando la importancia de mantener la rigurosidad en la fiscalización de las campañas electorales, pero reiteró su convicción de que el CNE debe actuar dentro de los límites de sus competencias. Para el magistrado, si bien la transparencia es crucial, “se debe respetar el fuero presidencial consagrado en la Constitución”.

Este voto aclaratorio subraya la complejidad legal del caso, en un escenario donde se mezcla la competencia del CNE con la protección constitucional del presidente, todo en un contexto de acusaciones que podrían tener un impacto significativo en el futuro político de Colombia.