Tribunal Superior de Bogotá rechazó tutela que buscaba frenar la investigación del CNE a Gustavo Petro

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Landínez, que buscaba anular las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Estas investigaciones están relacionadas con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. La decisión del tribunal se basó en la improcedencia de la solicitud, según informó el medio.

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Landínez argumentó que las investigaciones del CNE podrían llevar a la destitución de Petro, lo que afectaría su derecho a elegir y ser elegido, así como el de los 11 millones de colombianos que votaron por el presidente.

Sin embargo, los magistrados del tribunal, Nubia Ángela Burgos Díaz, Jaime Humberto Araque González y Carlos Alejo Barrera Arias, concluyeron que no se vulneraba ningún derecho fundamental del congresista, ya que su derecho a elegir fue ejercido plenamente en el momento legal correspondiente.

El tribunal también señaló que Landínez carecía de legitimación para solicitar el amparo, puesto que no era titular de las prerrogativas que alegaba y no acreditaba una circunstancia de gravedad que impidiera al interesado directo ejercer sus propios derechos. Además, el congresista pretendía que el CNE trasladara la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo cual también fue desestimado.

Las investigaciones del CNE se originaron en 2022 tras recibir varias quejas, incluida una anónima, sobre posibles irregularidades en los informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de Petro. Estas quejas se centran en la campaña del Pacto Histórico y abarcan tanto la primera como la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese año.

A pesar de las preocupaciones de Landínez sobre el impacto de estas investigaciones, el tribunal determinó que no había fundamento para detener el proceso y aseguró que las investigaciones deben continuar en las instancias competentes. El caso sigue siendo un tema de interés público debido a las implicaciones políticas y legales que podría tener para el presidente y su administración.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta una advertencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre las posibles consecuencias legales de investigar al presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilícita de su campaña presidencial. Según un documento enviado por la Agencia al CNE el 15 de octubre, la decisión de investigar al mandatario podría resultar en demandas nacionales e internacionales, comprometiendo seriamente la responsabilidad del Estado.

El documento, firmado por Juan Carlos Delgado D’aste y Yebrail Andrés Haddad Linero, directores de Defensa Jurídica Nacional e Internacional respectivamente, sostiene que el CNE estaría violando derechos políticos del presidente al proceder con la investigación. La Agencia argumenta que el CNE carece de competencia para investigar a un presidente, ya que esta función corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además, se señala que el CNE estaría infringiendo el fuero presidencial y el derecho al debido proceso de Petro.

La controversia recuerda un episodio similar en 2014, cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez sancionó a Petro, quien era alcalde de Bogotá, lo que llevó a una condena contra el Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020. La Corte determinó que la Procuraduría había violado los derechos políticos de Petro, ordenando al país ajustar sus leyes para proteger a los funcionarios elegidos por voto popular de sanciones administrativas.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado advierte que, de continuar con la investigación, el CNE podría estar incurriendo en una “usurpación de funciones públicas”, lo que podría derivar en demandas contra el Estado. En el memorial, la Agencia sugiere que, si el CNE no detiene el proceso, debería solicitar a la Corte Constitucional que defina quién tiene la competencia para investigar al presidente, planteando así un conflicto de competencias.

Hasta el momento, ni el CNE ni la Comisión de Acusaciones han solicitado la intervención de la Corte Constitucional. Mientras tanto, los abogados de Petro esperan conocer los fundamentos jurídicos detrás de los cargos formulados por el CNE, ya que hasta ahora solo se ha emitido un comunicado de prensa al respecto.

La Agencia intervino en el proceso del CNE con el objetivo de proteger al presidente y evitar una posible condena contra el Estado colombiano. Este caso pone de relieve las tensiones entre las instituciones del país y la necesidad de clarificar las competencias en la investigación de altos funcionarios.