La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó que abrió investigación formal al representante a la Cámara James Mosquera por los presuntos delitos de fraude en el registro de víctima, falsedad en documento público agravado y fraude procesal.
El alto tribunal aseguró que la investigación se da por “presuntas irregularidades registradas entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 que habrían permitido que Mosquera Torres se presentara a las elecciones de 2022 para aspirar a una de las Curules de Paz”.
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El caso llegó a la Sala de Instrucción de la Corte, luego de una denuncia que realizó el Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica para la Atención y Reparación Integral a las Victimas.
“Se busca establecer, entre otras, si Mosquera Torres residía en el Chocó el año 2021 en la época en la que supuestamente fue desplazado por la violencia lo que le permitió inscribirse en el registro de victimas”, explicó la Corte Suprema.
El representante fue elegido en 2022 por la circunscripción número seis Transitoria Especial de Paz de Chocó y Antioquía, por medio del Consejo Comunitario Mayor de Novita (Cocoman) por más de 10 mil votos.
Según la página oficial de la Cámara de Representantes, Mosquera fue inspector de Policía en Istmina, “donde se destacó por la defensa judicial de 459 familias del municipio de Bojayá y llevó más de 4000 mil procesos por desplazamiento forzado en todo el Departamento del Chocó”.
La página también detalla que fue víctima del conflicto armado desde la década de los años 80, motivo por el cual explican que se ha “enfocado en trabajar por las víctimas del Conflicto Armado, lo que ha llevado a que su proyecto político sea trabajar por la participación de las víctimas, la implementación y desarrollo de los mecanismos de justicia transicional, buscando escenarios para satisfacer los derechos a la verdad, a la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición”.
La última publicación del congresista en su cuenta de X detalló que ha vivido en carne propia el conflicto en Colombia.
“Seguiremos luchando incansablemente por la paz en nuestro país, en carne propia seguimos viviendo el dolor y tristeza que causan la separación de nuestras familias debido a la violencia”, expresó Mosquera.
Las curules de paz se crearon tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc a través de los 16 puestos en la Cámara de Representantes.
Condena a tres exgobernadores
La Corte Suprema de Justicia también informó la condena a tres exgobernadores de la Guajira por irregularidades en la contratación pública en 2002.
Los exgobernadores Hernando David Deluque Freyle, Alejandro Magno Builes Suárez y Raúl Nicolás Fragozo Daza fueron sentenciados a nueve años de prisión domiciliaria por su participación en contratos sin cumplir con los requisitos legales.
La Corte Suprema, en su fallo, destacó que los exfuncionarios violaron los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación estatal.
La sentencia, dictada por el magistrado Jorge Caldas, impuso a Deluque una pena de 117 meses de prisión y una multa de 2.364,12 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Corte Suprema también señaló que, aunque el proyecto de pavimentación fue inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, la falta de planificación adecuada llevó a la suspensión de la obra el mismo día de su inicio, ya que no se habían completado las obras de alcantarillado necesarias.
Además, se criticó la falta de estudios serios y completos para adjudicar el contrato, lo que resultó en un retraso de cinco meses para el reinicio de la obra.
Finalmente, la Corte concedió a los tres exgobernadores el beneficio de prisión domiciliaria, bajo la condición de suscribir un compromiso y coordinar con el Inpec la vigilancia correspondiente. Este caso resalta la importancia de la transparencia y la legalidad en los procesos de contratación pública en Colombia.
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