Policía fue condenado por matar a joven afrodescendiente que se coló en TransMilenio

La decisión judicial sobre el caso de violencia pone sobre la mesa la importancia de la revisión de protocolos en entidades de seguridad pública

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Los usuarios están en alerta
Los usuarios están en alerta ante los casos de inseguridad y de abuso policial que se han presentado en el sistema - crédito @transmilenio/Instagram

El caso de Wilber Alvarado González, un joven afrodescendiente que perdió la vida tras ser baleado por un policía en una estación de TransMilenio en Bogotá, ya tiene una decisión judicial que generó un intenso debate en las redes sociales sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá tomó la decisión de condenar a Víctor Favián Pabón Pabón, patrullero de la Policía Nacional, a más de 16 años de prisión por su implicación en el homicidio agravado de Alvarado González, hecho que ocurrió el 6 de enero de 2017.

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El caso ocurrió en el momento en el que el auxiliar de policía David Salazar intentó requisar a tres jóvenes en la estación de TransMilenio Alcalá, ubicada en la troncal norte del sistema masivo de transporte de la capital.

Sin embargo, los jóvenes huyeron, por lo que se inició una persecución en la que Pabón, que se transportaba a bordo de una motocicleta, interceptó a Alvarado. Según el expediente judicial, Alvarado levantó los brazos en señal de rendición, pero fue impactado por un disparo en la cabeza a corta distancia, lo que le causó la muerte de inmediato.

El proceso judicial contra Pabón comenzó con su captura en marzo de 2017, tras una orden emitida por el Juzgado 5 de Control de Garantías de Bogotá. Durante las audiencias preliminares, Pabón fue imputado por homicidio agravado, aunque no aceptó los cargos. El caso fue inicialmente objeto de disputa entre la justicia penal ordinaria y la militar, pero finalmente se resolvió a favor de la justicia penal ordinaria.

El caso sacudió al país
El caso sacudió al país en el momento en el que ocurrió - crédito Policía Nacional

A lo largo del proceso, se intentó llegar a varios preacuerdos con los que la defensa pretendía reducir la pena de Pabón. Sin embargo, en 2020, la Fiscalía General de la Nación propuso un acuerdo que reconocía la circunstancia de “ira e intenso dolor” como atenuante, lo que habría reducido la condena a siete años. Finalmente, este acuerdo fue rechazado por el juzgado y posteriormente por el Tribunal Superior de Bogotá.

En 2021, se planteó un nuevo preacuerdo que degradaba la participación de Pabón de autor a cómplice, con una pena de 14 años, pero también fue rechazado. Finalmente, en abril de 2023, se llegó a un tercer preacuerdo que establecía una condena de 200 meses de prisión, manteniendo la base fáctica del caso pero degradando nuevamente la responsabilidad de Pabón a cómplice. Este acuerdo fue aceptado y aprobado formalmente en octubre de 2024.

La sentencia final no solo impuso la pena de cárcel para el oficial implicado, sino que inhabilitó a Pabón para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo. Además, se negó la suspensión condicional de la pena y la posibilidad de prisión domiciliaria, asegurando que Pabón cumplirá su condena en un establecimiento penitenciario.

El policía debe pagar por
El policía debe pagar por su responsabilidad en los hechos ocurridos en 2017 - crédito iStock

Ante la gravedad de esta situación y la condena en firme en contra de Pabón, los ciudadanos se desataron en comentarios a través de las plataformas digitales, en los que se refirieron a la importancia de revisar los protocolos de uso de la fuerza por parte de la policía, especialmente en espacios públicos como el sistema de transporte masivo y sus alrededores, teniendo en cuenta que terceros pueden llegar a verse afectados y pueden morir personas por faltas simples, como ocurrió con el joven afrodescendiente en el fatídico caso que se presentó en 2017.

La muerte de Alvarado, en circunstancias consideradas como un abuso de autoridad, recuerda la necesidad de implementar una mayor vigilancia en las actuaciones de los agentes y los límites en el uso de armas de fuego.

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