Colombia enfrenta un panorama alarmante de violencia contra los líderes ambientales, según un informe reciente de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Desde enero de 2016, al menos 248 defensores del medio ambiente han sido asesinados en el país, con un aumento significativo en los últimos años. En 2016 se registraron 14 homicidios, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 44, lo que refleja una tendencia preocupante.
El informe destaca que el 89% de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, lo que indica un impacto desproporcionado de la violencia en estos grupos que habitan en regiones ricas en biodiversidad. Estas comunidades defienden la naturaleza, los recursos naturales y sus territorios, enfrentándose a una violencia que amenaza sus formas de vida y cultura.
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El departamento de Cauca es el más afectado, seguido por Chocó y Nariño. La región del Pacífico concentra el 56% de los homicidios, con 138 casos. En la cuenca de la Amazonía colombiana, Putumayo lidera con 15 casos, seguido de Caquetá con 8 y Guaviare con uno. En la Orinoquía colombiana, se registraron 13 casos en Arauca, cinco en Meta, dos en Casanare y uno en Vichada.
“La región del Pacífico es la que registra el mayor número de casos con el 56 por ciento del total de homicidios (138 personas). El 10% de los casos se ubicaron en los departamentos que conforman la cuenca de la Amazonía colombiana, siendo Putumayo el departamento con el mayor número casos con 15, Caquetá con 8 y Guaviare con uno. El ocho por ciento de casos se registró en la Orinoquía colombiana, con 13 casos en Arauca, cinco en Meta, dos en Casanare y un caso en Vichada”, revela la ONU.
La ONU señala que los principales responsables de estos homicidios son grupos armados, lo que agrava la situación de impunidad en el país. La falta de justicia para las víctimas y sus familias es un problema persistente que requiere la atención urgente de las autoridades.
“Las denuncias de las personas defensoras del medioambiente en contra del impacto negativo en la naturaleza del actuar de los grupos armados no estatales les coloca en clara confrontación con sus intereses y, por lo tanto, ante el riesgo de sufrir violencia. La estrategia de los grupos armados no estatales por el control de las economías ilícitas implica el ejercicio del control social de las comunidades que habitan los territorios. Por ello, la denuncia de los impactos negativos de dichas actividades ilegales es percibido por los actores armados no estatales como un desafío a su voluntad de mantener el control social en las comunidades”, explica el documento compartido por las Naciones Unidas.
El informa añade que es “urgente que mediante las acciones de la Fiscalía General de la Nación, pero también de otros actores centrales en el acceso a la justicia, como el Cuerpo Élite la Policía Nacional, Medicina Legal o el órgano judicial, se envíe un mensaje contundente de que asesinar, amenazar o atacar a una persona defensora del medioambiente tiene consecuencias irremediables y que no se tolerará por las instancias de justicia”.
La Organización de las Naciones Unidas también sugiere ciertas medidas para abordar esta situación en Colombia. Instan a las autoridades a evitar la estigmatización y recomiendan al ministro de medio ambiente elaborar un plan de acción para llevar a cabo el Acuerdo de Escazú. Además, consideran fundamental incorporar a los defensores del medio ambiente en la Política Nacional de Garantías y avanzar en la ejecución del capítulo étnico del acuerdo de paz.
“Que el liderazgo de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz se impulse a que en el marco de las negociaciones y diálogos de la paz total se impulsen y se establezcan compromisos claros y medibles para que los grupos armados estatales frenen la deforestación, permitan el acceso irrestricto de las autoridades ambientales y el impulso de los programas de conservación y reforestación”, señala una de las recomendaciones de la ONU.
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