Ley de financiamiento: los que ganan y pierden con la nueva estructura tributaria del Gobierno de Petro

El Gobierno de Gustavo Petro presentó el proyecto de Ley de Financiamiento, una iniciativa que busca cubrir el presupuesto 2025 tras la caída del Presupuesto General de la Nación en el Congreso. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expuso de forma preliminar esta propuesta a la Comisión Cuarta del Senado, marcando el inicio de un debate que se anticipa clave para las finanzas del país.

El proyecto, que todavía carece de congresistas ponentes, está compuesta por 37 artículos que abordan tres áreas principales: reactivación económica mediante incentivos tributarios, fortalecimiento de la fiscalización a través de la Dian, y estructuración de impuestos que promuevan la adaptación al cambio climático. Este conjunto de medidas tiene el objetivo de agregar $12 billones a los $511 billones del presupuesto garantizado, alcanzando así los $523 billones necesarios para el 2025.

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Dentro del proyecto, uno de los cambios estructurales planteados es la reducción gradual de la tasa de renta corporativa. “Queremos disminuir la tasa del 35% actual a un promedio del 27,3%, con tarifas diferenciadas para pequeñas, medianas y grandes empresas”, señaló Bonilla. Este ajuste progresivo permitiría a las empresas planificar sus estrategias fiscales y de inversión, apoyando el crecimiento económico, al tiempo que se incrementa la competitividad del sector privado.

Además, la propuesta incluye beneficios fiscales para sectores como energías renovables y turismo, incluyendo incentivos para la construcción de infraestructura hotelera y una reducción del IVA para destinos turísticos en municipios con menor población. Otras medidas incentivan el mejoramiento de vivienda y la renovación del parque automotor, eliminando el IVA para las compras de vehículos eléctricos y sostenibles.

El proyecto también busca cerrar brechas en la recaudación fiscal mediante ajustes a los impuestos existentes. Por ejemplo, Bonilla explicó que los impuestos sobre juegos de azar actualmente aplican solo a establecimientos físicos, mientras que las plataformas virtuales no están cubiertas. Al nivelar estos impuestos, se estima un ingreso adicional de hasta $2 billones. Igualmente, se proyecta un aumento en el impuesto al carbono, afectando los precios de la gasolina y otros combustibles fósiles, con el objetivo de contribuir a la mitigación del cambio climático.

Otra área de ajuste es el sector extractivo, donde se buscan mayores contribuciones fiscales a través de un incremento en los umbrales del impuesto al patrimonio, excluyendo de este gravamen la vivienda principal de los contribuyentes. También se reforzará la identificación de activos que individuos poseen a través de personas jurídicas, a fin de asegurar que estos se utilicen exclusivamente para sus actividades comerciales legítimas.

Finalmente, el proyecto incluye la anticipación de la vigencia de la regla fiscal de 2026 al año 2025, una medida que generaría un espacio fiscal del 0,03%, ofreciendo margen adicional para la gestión de la deuda pública y previendo los riesgos económicos del próximo año. Con esta estrategia, el ministro Bonilla espera fortalecer las finanzas públicas, garantizando el cumplimiento de los compromisos económicos de Colombia y manteniendo un equilibrio en las cuentas nacionales.

La falta de éxito en el recaudo de la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro podría tener graves implicaciones económicas y sociales. Sin los $12 billones necesarios para alcanzar un presupuesto de $523 billones en 2025, se podría poner en riesgo la estabilidad fiscal del país. La ausencia de ingresos significativos limitaría la capacidad del gobierno para financiar programas esenciales en áreas como educación, salud e infraestructura, afectando directamente el bienestar de la población.

Socialmente, esto podría intensificar la desigualdad, ya que las comunidades más vulnerables dependen de los recursos públicos para acceder a servicios básicos. Además, la falta de incentivos fiscales para empresas podría frenar la inversión y la creación de empleo, dificultando la reactivación económica. Por otro lado, el aumento en los impuestos al carbono y los ajustes en el sector extractivo, si no se manejan adecuadamente, podrían impactar negativamente en el costo de vida, generando descontento social y protestas. Así, el éxito en el recaudo se vuelve crucial para el desarrollo sostenible del país.