Acusan a jueza de Medellín de falsificación: habría suplantado las firmas digitales de magistrados en al menos 32 tutelas

En Medellín, tres magistrados del Tribunal Superior presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la jueza Tatiana Alexandra Arroyave Baena. La acusación se centra en la presunta falsificación de firmas digitales de los magistrados en 32 fallos de tutela emitidos entre 2023 y 2024. Según la denuncia, la juez habría adulterado las decisiones judiciales y anexado firmas sin la debida autorización.

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Los magistrados Óscar Bustamante Hernández, Leonardo Efraín Cerón Eraso y Ricardo de la Pava Marulanda descubrieron estas irregularidades tras una revisión exhaustiva de las sentencias de tutela de primera y segunda instancia. En el documento de denuncia, que consta de nueve páginas, se detalla cómo la juez Arroyave Baena habría falsificado las decisiones y procedido a notificar las resoluciones sin el conocimiento de los magistrados afectados.

“Al revisar las sentencias de tutela de primera y segunda instancia del año 2024 y parte del año 2023, hasta ahora se han evidenciado 32 eventos en los cuales la señora Tatiana Alexandra Arroyave Baena falsificó las decisiones al interior de los trámites constitucionales y consignó en ellos firmas de los tres magistrados, obviamente sin ningún tipo de conocimiento ni aprobación por parte de los suscritos, y a continuación procedió a la respectiva notificación de las espurias decisiones”, indica la denuncia hecha ante la Fiscalía.

La juez Arroyave Baena, quien actualmente desempeña funciones de Control de Garantías en Medellín, ha estado vinculada al tribunal desde 2015, ocupando diversos cargos y ascendiendo hasta llegar a proyectar tutelas en el despacho de uno de los magistrados de la Sala Penal. Esta situación ha generado preocupación en el ámbito judicial, dado el impacto que podría tener en la confianza en el sistema de justicia.

“Se tiene que la señora Arroyave Baena se encontraba vinculada al despacho del Magistrado Oscar Bustamante Hernández desde el año 2015, inicialmente en el cargo de Auxiliar Judicial Grado 1. Desde el año 2021 fue promovida al cargo de Abogado Asesor Grado 23, que luego pasó a denominarse Profesional Especializado Grado 23, empleo que desempeñó de forma ininterrumpida hasta el 1º de septiembre de 2024, cuando fue nombrada como profesional especializado grado 33, responsabilidad que ostentó hasta el 9 de septiembre hogaño cuando fue promovida como juez Catorce Penal Municipal con funciones de control de garantías de Medellín, nombramiento efectuado por el Tribunal Superior de Medellín”, dice el documento.

Añade que los magistrados “denunciantes no tuvieron conocimiento de estos proyectos y NUNCA decidieron esos casos, que la otrora empleada de esta Corporación usó ilícitamente las rubricas, suplantando la identidad de los suscritos, abusando de sus funciones y creando, hasta ahora en lo que se ha podido identificar, 32 documentos manifiestamente falsos”.

Además, señalan que tras una minuciosa inspección se encontraron documentos falsificados.

“En el mes pasado, el magistrado Bustamante Hernández evidenció varias irregularidades en el trámite de tutelas, pues supo que tutelas que se debieron resolver en el año 2023 no habían sido notificadas a la fecha. En razón de lo anterior, el magistrado Bustamante le solicitó un informe detallado de las anomalías que se venían presentando a la Secretaría de la Sala”.

La denuncia presentada ante la Fiscalía busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Este caso pone de manifiesto la importancia de la integridad en los procesos judiciales y la necesidad de garantizar que las decisiones se tomen de manera transparente y legítima.

Un juez que falsifica la firma de un magistrado, en este caso todavía se habla de presuntos, podría enfrentarse a serias acusaciones. Entre los cargos que podría enfrentar se encuentra el de fraude procesal, que se aplica cuando se engaña a un servidor público para que tome una decisión en el ejercicio de sus funciones. Este delito puede ser relevante tanto en procedimientos judiciales como administrativos.

Otro cargo significativo es el de falsedad en documento público, que se configura cuando alguien altera un documento con valor legal que puede servir como prueba en un proceso judicial. Las penas para este delito pueden oscilar entre 48 y 108 meses de prisión.

Además, el juez podría ser acusado de abuso de función pública. Este delito se refiere a cuando un funcionario utiliza su posición para cometer un acto ilícito o actuar en contra de los intereses del Estado. Las sanciones para este tipo de abuso pueden incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de penas de prisión.