Escándalo en la ANT: Fiscalía abrió indagación por presuntos perfilamientos y labores de inteligencia en la entidad

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por presuntos “perfilamientos” y labores de inteligencia realizadas desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un escándalo que involucra posibles irregularidades en el uso de recursos y la ejecución de labores reservadas para agencias de seguridad del Estado.

El senador Miguel Uribe, del Partido Centro Democrático, hizo pública la denuncia en la que reveló una preocupante información que ha generado alerta nacional. Según conoció Caracol Radio, la noticia criminal se abrió el martes 8 de octubre, cuando la Fiscalía empezó a investigar uno de los 8.700 contratos firmados por la ANT en lo que va del 2024. En este contrato específico, se habrían llevado a cabo las presuntas labores de inteligencia que ahora están bajo escrutinio judicial.

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El detonante de la investigación se encuentra en un informe ejecutivo del 30 de junio de 2024 titulado ‘Informe ejecutivo visita Puerto Gaitán, Centro Integrado de Inteligencia para la Agencia Nacional de Tierras’. Este documento, dirigido al director de la ANT, Juan Felipe Harman, señala que, bajo las orientaciones de la Dirección General de la agencia, se llevaron a cabo “actividades de investigación de inteligencia y contrainteligencia tanto interna como externa”.

El senador Uribe ha sido enfático en que estas actividades desbordan las funciones legales de la ANT, ya que, según la Ley 1621 de 2013, las labores de inteligencia y contrainteligencia en Colombia solo pueden ser realizadas por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Esto deja abierta la pregunta de si la ANT, bajo la dirección de Harman, ha excedido sus competencias legales, y si dichos “perfilamientos” fueron ejecutados de manera ilegal.

Otro de los puntos clave en la denuncia de Miguel Uribe se refiere al aumento exponencial en la contratación de personal bajo la modalidad de prestación de servicios en la ANT. Según el senador, entre enero y agosto de 2024, la agencia ha gastado $358.000 millones en contratos, cifra que representa un aumento del 440% en comparación con el 2022. De los 8.712 contratos, más de 5.000 siguen activos, mientras que los restantes han finalizado.

Uno de los casos mencionados en la denuncia es el de Roberto Arroyave, un contratista con un salario mensual de $18 millones cuya labor oficial es “acompañar las actividades de la Dirección General de la ANT”. Sin embargo, los informes de gestión muestran que Arroyave ha estado realizando actividades de inteligencia y contrainteligencia, según lo confirma el propio informe ejecutivo de la entidad conocido por el medio ya citado.

En otro informe, fechado el 26 de agosto de 2024, se detalla una reunión para “articular esfuerzos en temas de seguridad para la recuperación de los predios de la Nación”, incluyendo el uso de mapas de calor y variables de seguridad en todo el territorio nacional, una estrategia que, nuevamente, parece alinearse más con funciones de agencias de seguridad que con las responsabilidades de la Agencia Nacional de Tierras.

Ante las graves acusaciones, el director de la ANT, Felipe Harman, ha salido en defensa de su gestión, calificando las afirmaciones del senador Uribe como “infundadas”, rechazando las acusaciones de corrupción.

El funcionario también solicitó un “debate público sobre la política de tierras y resultados”, argumentando que el aumento en la contratación se debe al esfuerzo por expandir la presencia de la ANT en todo el país. “En el 2022 había tan solo 8 oficinas de tierras en el país, hoy hay 32. Acercándonos a los campesinos de Colombia, haciendo presencia activa, ampliando la oferta institucional en los territorios. ¿Cómo ampliamos nuestra oferta si no es con trabajadores a lo largo y ancho del país?”, sostuvo Harman.

Finalmente, Harman señaló que la contratación de agrónomos, topógrafos, avaluadores y abogados ha sido fundamental para avanzar en los objetivos de la ANT, pues ese equió ha trabajado en la clarificación jurídica de la propiedad de más de 190.000 hectáreas, que han sido devueltas al Estado en los últimos dos años.

Ahora, la Fiscalía tiene la tarea de investigar si las actividades de perfilamiento e inteligencia desde la ANT desbordaron la ley, y si estas acciones constituyen una violación de las competencias de la agencia. La investigación deberá aclarar si la contratación masiva ha sido justificada por la necesidad de personal especializado o si encubre una posible red de irregularidades dentro de la entidad.

La ley es clara al respecto: las labores de inteligencia y contrainteligencia son de exclusiva competencia de las agencias de seguridad del Estado, y cualquier desviación de este marco puede derivar en graves consecuencias legales. Con las indagaciones apenas iniciadas, el caso promete ser un punto crítico en la discusión sobre la gestión de tierras y el uso de los recursos públicos en Colombia.