Decreto del Gobierno Petro está a punto de dejar sin $700.000 millones de inversión al sector ambiental de Colombia

Hay preocupación en el sector minero de Colombia por una nueva medida tomada por el Gobierno de Gustavo Petro. Se trata del decreto 044 del Ministerio de Ambiente, “por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones”.

El mismo se expidió el 30 de enero de 2024 con el objetivo de cumplir con las órdenes proferidas en la sentencia de 4 de agosto de 2022 de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que se concedió el amparo de los derechos colectivos a gozar de un ambiente sano y a la protección de áreas de especial importancia ecológica, entre otros derechos.

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Sin embargo, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el paquete regulatorio que se incluye para este sector, como lo advirtió el gremio antes, ya está generando serios efectos para la economía nacional. De acuerdo con esta, solo en lo que va corrido del año, la inversión extranjera directa en la actividad minera cayó un 28%.

Así las cosas, se advirtió que el freno a la actividad, especialmente a la pequeña minería, pone en riesgo la formalización, que es clave para un sector responsable, promueve la extracción ilegal y afecta de manera muy grave el desarrollo social y económico de las regiones y familias que dependen de esta actividad.

El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, aseguró que el decreto 044 le da facultades al Ministerio de Ambiente para que, de manera arbitraria, sin consultar a las comunidades y pasando por encima de la autonomía de las corporaciones autónomas, imponga áreas de reserva ambiental en cualquier parte del país. Entonces, al hacerlo, puede suspender la actividad minera, según el decreto, por cinco años prorrogables de manera indefinida.

“Esto no es un decreto que afecta solamente a las compañías mineras, sino que afecta a todo un territorio y la afectación social debe tener si debe medirse con un cuidado enorme”, dijo.

Al respecto, se refirió a lo que pasa en Santander, donde más de 1.000 mineros protestaron, el 16 de octubre de 2024, contra la medida, de la que dicen que es “arbitraria, que nos quieren imponer áreas de reserva sin estudios técnicos ni concertación, y así acabar con la economía de la que dependen más de 100.000 familias en el país”.

Indicó que esta área que se pretende reservar en Santander, que busca imponer el Ministerio de Ambiente, sin contar con las comunidades y sin estudios técnicos sólidos, afectará, según los cálculos de ellos mismos, unas 30.000 personas que viven y se benefician de la actividad minera en el departamento.

“El decreto, en sí mismo, genera una enorme incertidumbre por su subjetividad, su arbitrariedad y su falta de concertación y de comunicación a la hora de generar un tipo de resolución en cualquier parte del país”, lamentó.

Insistió en que el sector privado lo único que necesita es claridad. Exactamente, saber cómo, cuándo, dónde, cuál es el procedimiento y cuánto toman los procedimientos en materia ambiental.

Recordó que solo la minería invirtió en 2023 casi $700.000 millones en el ambiente, lo que es casi tres veces el presupuesto que tiene el Ministerio de Ambiente para inversión en este sentido.

Ante esto, el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, espera que el Consejo de Estado entienda esta realidad y tome una decisión medianamente rápida en relación con la suspensión del decreto mientras se estudia en profundidad los efectos que tiene. Además, espera que, ya de fondo, decida algo con relación a la legalidad y su constitucionalidad, así como a las autonomías que deben tener las regiones y las corporaciones en ese sentido.