La senadora Paloma Valencia volvió a expresar su preocupación por el uso de interceptaciones telefónicas como pruebas en procesos judiciales, sugiriendo que estas prácticas podrían violar los principios del derecho.
En un mensaje compartido en redes sociales, Valencia cuestionó la validez de estas pruebas cuando se obtienen por error, y criticó lo que considera un ataque a la reputación del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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Valencia, miembro del partido Centro Democrático, ha sido una defensora constante de Uribe, quien ha enfrentado diversas investigaciones judiciales en los últimos años. En su publicación, la senadora denunció lo que percibe como un uso indebido de tácticas legales para desprestigiar al exmandatario, calificando estas acciones como “grotescas”.
“Entonces a uno lo chuzan el teléfono por error, y es válido como prueba… irrespetan los principios de derecho. Es grotesco como maltean con trampas la honra del @AlvaroUribeVel #UribeSinGarantias”, afirmó la senadora.
Las declaraciones de Paloma Valencia se enmarca en un clima político tenso en Colombia, donde las interceptaciones telefónicas han sido un tema recurrente de debate. Las críticas de Valencia reflejan una preocupación más amplia sobre el respeto a los derechos fundamentales en el sistema judicial del país.
La discusión sobre la legalidad y ética de las interceptaciones telefónicas ha sido un tema candente en Colombia, especialmente en casos de alto perfil que involucran a figuras políticas prominentes. Las declaraciones de Valencia subrayan la necesidad de un debate continuo sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales.
Favorable decisión del tribunal de Bogotá en caso de Álvaro Uribe
En un reciente fallo judicial, el Tribunal Superior de Bogotá ha decidido a favor del expresidente Álvaro Uribe, quien enfrenta cargos por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
La decisión se produjo tras una tutela presentada por su defensa, que alegó irregularidades en el manejo del material probatorio por parte de la Fiscalía. El tribunal ordenó la reprogramación de una audiencia para garantizar el debido proceso.
El abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, argumentó que la Fiscalía no entregó oportunamente las pruebas necesarias para preparar la defensa. Además, señaló que la jueza Sandra Liliana Heredia no concedió un plazo adecuado para revisar la documentación relacionada con dispositivos del testigo clave, Juan Guillermo Monsalve. Esta situación, según la defensa, vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa del exmandatario.
El tribunal, al fallar a favor de Uribe, instruyó a la jueza del caso a programar una nueva audiencia en un plazo de 48 horas desde la notificación del fallo. En esta audiencia, la defensa de Uribe tendrá la oportunidad de presentar y solicitar los medios de prueba necesarios para sustentar su teoría del caso, así como oponerse a las pruebas presentadas por la Fiscalía.
“El apoderado judicial del accionante expuso que esa era la intención; es decir, cómo se le podía exigir que descubriera unas pruebas cuyo contenido no conocía porque no tuvo acceso a ellas de manera completa y directa, sino hasta el 30 de septiembre de 2024. Cómo se le podía exigir, con base en el principio de buena fe, que descubriera los elementos con base en la copia espejo que le entregó su acusador, cuando, entre otras cosas, lo que quiso fue cerciorarse de que las imágenes forenses originales coincidieran con lo entregado por la Fiscalía”, se lee en el documento.
Este fallo representa un nuevo capítulo en el prolongado proceso judicial que enfrenta Uribe, quien ha sido una figura central en la política colombiana. La decisión del tribunal subraya la importancia de garantizar los derechos procesales en casos de alta relevancia pública y política.