Ministro de Hacienda anunció la fecha en la que el Gobierno establecerá el recorte del presupuesto de los colombianos

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dio a conocer más detalles sobre la fecha en la que el Gobierno Petro firmará el decreto con el se establecerá el recorte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024.

Al ser consultado por varios medios, indicó que se realizará entre el 20 y el 30 de noviembre y será de $20 billones. “No puede ser menos, pero todavía no sabemos si puede ser más”, afirmó el funcionario.

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Como se recordará, la medida se tuvo que tomar ante el bajo recaudo tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Este recorte se sumará, entonces, al hecho en junio de 2024, En esa oportunidad, el Gobierno nacional, mediante el Decreto 766 de 2024, dio conocer que aplazó gastos por $20 billones (1,2% del PIB), con lo que se garantizaría así el cumplimiento de la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), en línea con el Plan Financiero 2024.

Se trató de una medida preventiva dirigida a garantizar que el gasto se ajuste a la disponibilidad real de ingresos, frente a la eventualidad de que, al final del año, el recaudo tributario resulte inferior al proyectado.

Lo dicho por el ministro Bonilla se conoció unas horas después de que el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, hizo fuertes críticas sobre el PGN para 2025, que será establecido por decreto por el Gobierno, luego de que el Congreso de la República no aprobó el monto de $521 billones propuesto por el Ministerio de Hacienda.

Rodríguez hizo un llamado claro y urgente sobre la necesidad de una planificación rigurosa en la elaboración del Presupuesto General de la Nación para 2025. Expresó su preocupación por un déficit presupuestario de $12 billones que enfrenta el país.

Señaló, durante la presentación de los informes sobre las auditorías al Balance General de la Nación, la Hacienda Pública y la Situación de la Deuda Pública para 2023, que “es esencial que el Gobierno proporcione información clara sobre cómo se cubrirán estos recursos”.

En su intervención ante la Comisión Legal de Cuentas del Congreso de la República, el contralor se refirió también a la importancia de la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro, con la que se buscarán recaudar $12 billones para fortalecer las finanzas públicas del país.

Puntualizó que esta debe ser un “instrumento crucial”, ante la necesidad de un equilibrio fiscal, sostenibilidad económica y eficiencia en la asignación de recursos. Para él, garantizar una distribución justa de la carga impositiva entre los diferentes sectores es fundamental para una reforma efectiva.

El contralor hizo énfasis en el principio de progresividad de la ley de financiamiento, indicando que “es esencial que esta ley de financiamiento respete el principio de progresividad”. Esta declaración resalta la importancia de no comprometer la recuperación económica, considerada clave para el desempeño de las finanzas públicas. También recordó que en las últimas dos décadas se aprobaron 12 reformas al Estatuto Tributario y ninguna logró cerrar las brechas en el financiamiento estatal.

Rodríguez criticó las soluciones fiscales de corto plazo, que a menudo agotan sus efectos en el aumento del recaudo en uno o dos años. Estas soluciones, según él, aunque inmediatas, no ofrecen soluciones sostenibles a largo plazo para la estabilidad fiscal del país. “La experiencia nos ha demostrado que los efectos de aumento del recaudo con estas reformas se suelen agotar rápidamente”, dijo.

Anterior a esto, el presidente Gustavo Petro proporcionó nuevos detalles sobre las medidas que el Gobierno colombiano considera para el presupuesto del próximo año. El mandatario resaltó la importancia de elaborar una “hoja de ruta de gastos e ingresos”, destacando la necesidad de continuar con el análisis de las alternativas para atender las necesidades del país.

La propuesta inicial fue rechazada por el Congreso, lo que llevó a Petro a anunciar sobre las consecuencias para los hogares de menores ingresos y las deudas internacionales. “Eran los recursos que se necesitaban y, al no aprobar el proyecto, el Congreso ponía en riesgo el dinero que deberían recibir los hogares de menores ingresos”, advirtió Petro.

El Congreso rechazó la propuesta del presidente Petro, afirmando que se trataba de un “presupuesto desfinanciado”. Esta negativa impidió que se incluya la nueva reforma tributaria para complementar los recursos del presupuesto de Colombia para 2025.

La principal preocupación apuntada por el Legislativo se centraba en que el plan no garantizaba el financiamiento necesario para los compromisos asumidos. Las bancadas independientes y opositoras junto con el sector privado rechazaron la iniciativa, ya que consideraron que sería un “nuevo golpe a las finanzas del sector privado”.

En sus recientes declaraciones, Petro reiteró que, “la situación presupuestal no la pagarán los pobres con recortes de gasto social, sino los sectores más adinerados del país a los cuales se les recortará toda forma de subsidio“. Esto resalta la intención del Ejecutivo de continuar desmontando los beneficios fiscales y subsidios de los sectores y hogares de mayores ingresos para aliviar la carga presupuestaria.