La operación Perseo, liderada por el Ejército Nacional en el corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca, generó controversia en la opinión pública tras la visita de altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro a la región.
La misión gubernamental, encabezada por Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), tenía como objetivo reforzar la presencia del Estado y promover la implementación de programas sociales en áreas afectadas por la violencia y el narcotráfico; sin embargo, las críticas hacia la presencia de estos funcionarios no tardaron en aparecer, a lo que el senador Iván Cepeda respondió contundentemente.
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Cepeda, en una publicación en su cuenta de X, cuestionó las críticas provenientes de sectores políticos que, según él, permitieron durante años que organizaciones criminales se consolidaran en el Cañón del Micay, una región estratégicamente relevante para el narcotráfico: “Ahora los exfuncionarios de gobiernos que consintieron que en el Cañón de Micay se desarrollara sin control la economía del narcotráfico, protestan por la presencia de las ministras y los ministros del actual gobierno para garantizar la inversión social del Estado en ese territorio. No hicieron nada cuando en sus narices se entronizaron los negocios criminales. Y ahora, protestan y critican. A eso lo llaman ‘oposición’”, señaló el senador en su declaración.
La presencia del Gobierno en una región clave
La visita de funcionarios de alto nivel al corregimiento de El Plateado fue percibida por el Gobierno como un paso esencial para la reconstrucción del tejido social y la consolidación de la presencia estatal en el Cauca, una zona tradicionalmente afectada por el conflicto armado y el narcotráfico.
Junto a Laura Sarabia, asistieron los ministros de Defensa, Iván Velásquez; de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano; de Ambiente, Susana Muhamad; de Minas y Energía, Andrés Camacho; y de Agricultura, Marta Carvajalino, que se comprometieron a implementar políticas para mejorar los servicios de salud, educación y conectividad, entre otros aspectos fundamentales para el desarrollo de la región.
El conflicto en el Cañón del Micay
El Cañón del Micay es una extensa región del departamento del Cauca que continúa siendo epicentro de conflictos sociales, económicos y armados. Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de enero de 2024, el cañón abarca municipios como Argelia, El Tambo, López de Micay, Guapi y Timbiquí, donde más de 119.000 personas enfrentan dificultades relacionadas con la falta de servicios básicos, la violencia y el control de los grupos armados ilegales.
Un aspecto crítico en esta región es la producción de hoja de coca que ha fomentado el narcotráfico y la violencia, en ese sentido, en Argelia y El Tambo, los cultivos de coca casi duplican el promedio nacional, convirtiendo a estas áreas en puntos estratégicos para el tráfico de drogas y la economía ilegal.
A esta situación se suma la explotación minera, legal e ilegal, que afecta gravemente los ecosistemas locales. En Timbiquí, los ríos Timbiquí, Bubuey y Saija han sido gravemente contaminados por las actividades mineras, mientras que en otras zonas las comunidades han pedido un mayor reconocimiento y apoyo a la minería artesanal y ancestral como una alternativa sostenible.
Las repercusiones sociales del conflicto
El informe de Indepaz también destacó el impacto que el conflicto armado ha tenido sobre las comunidades locales, dado que muchas son afrodescendientes e indígenas, en particular, el asesinato de líderes sociales ha sido uno de los flagelos más graves de los últimos años.
Según el documento, desde la firma del acuerdo de paz en 2016, 45 líderes han sido asesinados en municipios como Argelia, Guapi y López de Micay, lo que ha desestabilizado los procesos organizativos y las iniciativas de paz en la región.
A pesar de estos desafíos, la firma del acuerdo de paz también generó oportunidades para el fortalecimiento de las organizaciones sociales, especialmente las lideradas por mujeres. En Argelia, por ejemplo, han surgido proyectos comunitarios en áreas como la piscicultura y la caficultura, aunque estos esfuerzos enfrentan barreras significativas, como la falta de acceso a asistencia técnica y tierras productivas.
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