Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social en Colombia, presentó una tutela contra el magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Esta acción legal surge después de que el magistrado fallara a favor de una solicitud del concejal uribista de Bogotá, Daniel Briceño, quien exige que Bolívar haga pública su declaración de renta. Bolívar argumenta que esta decisión vulnera sus derechos al debido proceso.
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La controversia comenzó cuando Briceño interpuso una tutela por la negativa inicial de Bolívar a entregar una copia de su declaración de renta. La abogada Claudia Liliana Quijano, jefa de la Oficina Asesora Jurídica del DPS, presentó la tutela en nombre de Bolívar, alegando que la orden del magistrado Solarte Maya excede lo estipulado por la normativa que regula la publicación de declaraciones de renta.
Además, Quijano sostiene que se deben garantizar los derechos de Bolívar al debido proceso, defensa y contradicción.
En el trasfondo de esta disputa legal se encuentra la transferencia de una propiedad en Miami que Bolívar realizó a su hijo Santiago Bolívar por un valor simbólico de 10 dólares. Este traspaso, realizado cuando Bolívar aún era senador, ha generado cuestionamientos sobre si el valor comercial de la propiedad, estimado en más de tres millones de dólares, debería haberse incluido en su declaración de renta. La directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, explicó que la transferencia se realizó mediante un mecanismo legal conocido como “Quit Claim Deed”, que es válido en Estados Unidos.
El caso ha despertado interés debido a la reciente aprobación del impuesto al patrimonio en la reforma tributaria de 2022, lo que ha generado dudas sobre la fecha del traspaso del inmueble.
Lo anterior ya que en 2020, el patrimonio del senador Gustavo Bolívar ascendía a 8.428 millones de pesos, y su declaración de renta reflejaba un pago de impuestos de 236 millones. Este dato cobra relevancia en el contexto de la obligación legal que tienen los funcionarios públicos en Colombia de hacer pública su declaración de renta, según lo estipulado por la Ley 190 de 1995. El incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones administrativas e investigaciones por parte de la Contraloría o la Procuraduría.
La Ley 190 de 1995, conocida como el Estatuto Anticorrupción, establece que todos los servidores públicos deben presentar y hacer pública su declaración de renta. Esta medida busca promover la transparencia y prevenir actos de corrupción dentro de la administración pública. La falta de cumplimiento con esta obligación puede resultar en sanciones que van desde multas hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Al respecto, y en respuesta a Vicky Dávila, Bolívar explicó en X asegurando que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales tanto en Colombia como en Estados Unidos. Según Bolívar explicó que su declaración de bienes es pública y está disponible en el Sigep, en cumplimiento con la ley 2013/19 que exige a los altos funcionarios del Estado publicar dicha información.
En un contexto de cuestionamientos sobre la transferencia del 50% de una propiedad a su hijo, Bolívar aclaró que esta acción fue legal y necesaria para gestionar una hipoteca en Estados Unidos. Su hijo, ciudadano estadounidense, obtuvo un préstamo de 1.69 millones de dólares para ayudar a Bolívar a saldar deudas acumuladas durante su carrera política, incluyendo pagos a la Dian en Colombia por cerca de 4.000 millones de pesos en dos acuerdos consecutivos.
Bolívar enfatizó que nunca ha evadido impuestos y que siempre ha declarado sus bienes ante las autoridades fiscales. Desde junio, la propiedad en cuestión se encuentra a nombre de una empresa de la que él y su hijo son dueños en partes iguales. Además, Bolívar paga 60.000 dólares anuales en impuestos gracias a la hipoteca, lo que le permitió ponerse al día con obligaciones fiscales atrasadas.
El funcionario también destacó que la declaración de bienes en el exterior es una obligación que, de no cumplirse, conlleva multas significativas. Aseguró que todas sus propiedades han sido debidamente declaradas y que incluso realizó un video hace cinco años mostrando dichas propiedades. En sus declaraciones de patrimonio, también se reflejan estos bienes.
En cuanto al valor de las propiedades, Bolívar mencionó que los precios en Miami han aumentado significativamente desde la pandemia, y que en su próxima declaración se reflejará el nuevo valor fiscal de 2.6 millones de dólares. Actualmente, mantiene el 50% de la casa y el 33% del apartamento, pero ahora con una deuda asociada, pagando impuestos en ambos países.
Finalmente, Bolívar respondió a las solicitudes de detalles adicionales sobre su declaración de renta, indicando que está dispuesto a solicitar la misma información de otros miembros del CD y de Cambio Radical, así como de congresistas y expresidentes, si se le obliga a revelar más detalles de su situación fiscal.
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