Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, conocido narcotraficante fugado de la justicia, logró esconderse en una lujosa vivienda del sector de El Poblado, Medellín, gracias a la estrategia de su pareja.
De acuerdo a El Tiempo, la mujer ocultó su presencia en la casa 101 del conjunto residencial Alcázar de la Serranía, presentándose junto con otros ocupantes como una familia convencional.
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Según la empresa administradora Smarthome, que gestionaba el arriendo, “no se observó ninguna irregularidad en ese momento”, ya que no se mencionó a Camargo Ríos entre los ocupantes.
“Nos enteramos por los medios de comunicación de cualquier relación judicial de alguno de los habitantes. No teníamos conocimiento de esta situación. No fue notificado por la arrendataria como habitante de la casa”, declaró la empresa al medio citado.
Esta propiedad, alquilada por 15 millones de pesos mensuales, estaba bajo escrutinio de la administración del conjunto debido a comportamientos contrarios a las normas, como ruidos y fiestas.
Aunque se impusieron sanciones, los propietarios impugnaron las decisiones. Sin embargo, las autoridades ahora investigan cómo Camargo Ríos logró establecerse allí sin ser detectado inicialmente, y si los dueños y la empresa actuaron de buena fe.
Este caso ha generado preocupación en la comunidad, que ahora teme por su seguridad tras descubrir que uno de los delincuentes más buscados del país había utilizado la vivienda como refugio.
La propiedad, que pertenece a los hermanos Juan Camilo y Natalia Hernández Acevedo, había sido objeto de advertencias previas por parte de los administradores del conjunto residencial. Los comportamientos inadecuados de los inquilinos llevaron a la administración a imponer sanciones, que fueron impugnadas por los propietarios sin éxito.
Además de las sanciones, la administración había advertido que la casa estaba siendo utilizada como alojamiento turístico, lo cual está prohibido para extranjeros según las normas del conjunto.
Por su parte, Smarthome defendió su gestión, asegurando que los contratos de arrendamiento se hicieron de acuerdo con la normativa vigente.
El 25 de septiembre de 2024, se llevó a cabo una reunión entre los residentes y el consejo de administración del conjunto residencial, en la que no se mencionó la presencia de funcionarios del Inpec en el lugar.
Durante el encuentro, se discutieron temas relacionados con el uso adecuado del parqueadero de visitantes, pero no se abordaron visitas del Inpec ni observaciones sobre el comportamiento de los inquilinos.
El caso ha generado inquietud entre los vecinos, quienes temen que la cercanía con una figura criminal tan peligrosa pueda afectar la seguridad del conjunto.
Las autoridades han iniciado una investigación para determinar como ‘Pichi’ llegó a la propiedad y si los dueños y la empresa intermediaria actuaron de manera consciente o negligente. Mientras tanto, la administración del conjunto ha solicitado un cumplimiento más estricto de las normas de convivencia.
Los propietarios, por su parte, han seguido impugnando las sanciones, alegando que no se les permitió presentar pruebas suficientes en su defensa. Las demandas presentadas hasta ahora han sido rechazadas, y el caso sigue en el centro de la controversia legal y mediática.
El caso de ‘Pichi’ ha sido objeto de controversia debido a las decisiones judiciales que le han favorecido. En 2019, fue absuelto de varios cargos, incluyendo concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, por la jueza Piedad Díaz Mateus, hermana del gobernador de Santander, Juvenal Díaz.
La Fiscalía fue criticada por la debilidad de las pruebas presentadas, que consistían principalmente en el testimonio de un policía investigador, según documentos judiciales.
Pichi, apodado el “Pablo Escobar bumangués”, ha sido señalado como responsable de la distribución del 98% del microtráfico en Bucaramanga.
Su historial criminal se remonta a 2006, cuando se le acusó de distribuir drogas en el barrio San Rafael de Bucaramanga. A pesar de su extenso expediente, las medidas judiciales han sido consideradas laxas, permitiéndole evadir la justicia en múltiples ocasiones.
En julio de 2024, Pichi fue nuevamente absuelto en segunda instancia por seis delitos, incluyendo homicidio agravado y tráfico de armas, debido a la falta de evidencias contundentes por parte de la Fiscalía. Sin embargo, aún tiene pendiente una condena de 69 meses por concierto para delinquir, dictada por otro despacho judicial.