Cuáles fueron las conclusiones del informe de la Misión de Verificación de la ONU sobre el Acuerdo de Paz

El martes 15 de octubre de 2024, el representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó el informe más reciente de la sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia, en el que compartió una visión detallada de los avances y los desafíos en la implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Uno de los aspectos más destacados del documento presentado por la Misión de Verificación de la ONU fue el esfuerzo renovado del Gobierno de Gustavo Petro para revitalizar la implementación del Acuerdo Final, en particular, el informe señaló avances en la reforma rural integral, la reincorporación de excombatientes y el establecimiento de garantías de seguridad.

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El punto central del acuerdo sobre la reforma rural, con la que el Gobierno nacional espera corregir décadas de inequidad en la distribución de tierras, ha sido impulsado con la creación de un plan de choque para acelerar la adjudicación de tierras a campesinos.

Según el informe, hasta agosto de 2024, se habían adjudicado aproximadamente 129.656 hectáreas de tierra, de las cuales el 86% fue bajo el actual gobierno; sin embargo, esta cifra solo representa el 4% de la meta de 3 millones de hectáreas establecida en el Acuerdo Final, por lo que la Misión de Verificación resaltó que uno de los principales obstáculos para avanzar en este tema es la reciente decisión de la Corte Constitucional que anuló un procedimiento que permitía la adjudicación de tierras sin supervisión judicial, lo que ha ralentizado el proceso.

Por otro lado, se incrementó el diálogo entre el Gobierno y plataformas campesinas nacionales para abordar las demandas de distribución de tierras, lo que ha resultado en acuerdos importantes en regiones como el Catatumbo.

Además, la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) fue priorizada para asegurar que las regiones más afectadas por el conflicto reciban inversiones estratégicas.

La reincorporación de excombatientes de las FARC-EP también tuvo avances significativos, pues el documento explicó que el Gobierno colombiano ha emitido decretos clave para establecer un Sistema Nacional de Reincorporación y un Programa de Reincorporación Integral, los cuales, permiten la creación de áreas especiales de reincorporación colectiva, facilitando así que más de 3.000 excombatientes se reincorporen a la vida civil en zonas distintas a las antiguas áreas de concentración.

Sin embargo, desde la ONU destacaron que persisten desafíos en cuanto al acceso a tierras y vivienda para los excombatientes, dado que desde 2023 se han presentado más de 486 solicitudes para la adjudicación de tierras, pero el progreso ha sido lento debido a problemas administrativos y de seguridad, especialmente en departamentos como Antioquia y Cauca, donde la presencia de grupos armados sigue siendo un riesgo para los excombatientes.

En términos económicos, el 80% de los excombatientes participa en proyectos productivos colectivos o individuales, con un total de 5.946 proyectos aprobados hasta la fecha, lo que permite asegurar su sostenibilidad económica y facilitar su integración en la sociedad civil.

El desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales sigue siendo uno de los puntos más críticos, dado que a pesar de la reducción de homicidios de excombatientes y líderes sociales en comparación con el año anterior, la violencia en zonas rurales persiste.

Hasta septiembre de 2024, se habían registrado 432 asesinatos de excombatientes desde la firma del acuerdo en 2016, incluidos 44 asesinatos solo en el último año. En ese sentido, el gobierno ha avanzado en la implementación de políticas para proteger a estas poblaciones vulnerables, pero el deterioro de la seguridad en regiones como el Cauca, Arauca y Nariño sigue siendo una preocupación importante.

A pesar de estos avances, el informe subrayó que los retos siguen siendo significativos, pues la violencia relacionada con grupos armados que se resisten a la implementación del acuerdo, así como la falta de una presencia integral del Estado en varias regiones, ha impedido que el proceso de paz avance con mayor celeridad.

En cuanto al diálogo para la paz, el Gobierno colombiano ha intentado avanzar en procesos con otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC; sin embargo, las negociaciones con el ELN, por ejemplo, se encuentran estancadas y la reanudación del cese al fuego bilateral es incierta.

Desde la expiración del cese al fuego en agosto de 2024, se registró un aumento en los enfrentamientos entre el ELN y las fuerzas del Estado, que han dejado un saldo de 15 miembros del ELN y 11 miembros de las Fuerzas Armadas muertos en solo dos meses.

El proceso de diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC-EP ha avanzado ligeramente con la implementación de un proceso de georreferenciación para monitorear su presencia territorial; sin embargo, en general, la falta de un marco legal claro para estos procesos de paz y el deterioro de la seguridad en las regiones donde operan estos grupos han obstaculizado el progreso.

En ese sentido, Carlos Ruiz Massieu expresó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de romper el cese al fuego, dado que se duplicó el número de muertos y heridos desde ambas partes.

A través de su cuenta de X, Ruiz Massieu aseguró que: “Me alientan las declaraciones de las partes expresando voluntad de buscar formas de superar estancamiento. Confío en que aprovechen esa oportunidad para reconstruir confianza y recuperar el impulso del proceso. Esperamos se reanuden negociaciones y se restablezca cese al fuego”.