A través de la paz total del Gobierno Petro se estarían financiando grupos terroristas en Colombia, aseguró firma de abogados ante la ONU

Víctor Mosquera, una firma internacional de abogados con estatus consultivo ante la ONU y la OEA, presentó un informe que denuncia graves irregularidades en la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

Según el informe, se estarían utilizando recursos públicos para financiar grupos terroristas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Esta situación fue expuesta ante el Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que podría constituir una violación de las obligaciones internacionales de Colombia en la lucha contra el terrorismo.

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El informe, que ha generado preocupación a nivel internacional, sugiere que los fondos destinados a promover la paz con grupos armados ilegales han sido desviados para financiar actividades criminales.

Víctor Marín, abogado de la firma, explicó que el uso de recursos del Estado para tales fines representa una violación flagrante de los compromisos internacionales de Colombia. Además, destacó la falta de mecanismos efectivos de control sobre estos fondos, apuntando a la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas al respecto.

“El uso de recursos del Estado para financiar actividades terroristas es una violación flagrante de los compromisos internacionales de Colombia. Este informe demuestra la falta de mecanismos efectivos de control sobre estos fondos, y es imperativo que la comunidad internacional tome medidas”, fueron las palabras exactas del abogado.

La denuncia llega en un momento crítico para el Gobierno de Petro, que ha estado impulsando su política de paz total como una solución para poner fin a décadas de conflicto armado en el país.

Sin embargo, las acusaciones de financiación a grupos terroristas podrían complicar los esfuerzos de la administración y afectar su credibilidad en el ámbito internacional.

El entorno de esta denuncia de da en un panorama complejo en el que el Gobierno colombiano busca negociar con diversos grupos armados para lograr una paz duradera. No obstante, las acusaciones de desvío de fondos para actividades terroristas plantean serias dudas sobre la implementación y supervisión de estos procesos de paz.

La comunidad internacional, especialmente los organismos multilaterales como la ONU, está llamada a evaluar estas denuncias y considerar posibles acciones para asegurar que los recursos destinados a la paz no sean mal utilizados.

La situación pone de relieve la importancia de establecer controles más rigurosos y transparentes en la gestión de fondos públicos en medio del conflicto.

Por ahora el presidente no se ha pronunciado al respecto.

El Gobierno de Colombia extendió por seis meses el cese bilateral al fuego con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá Córdoba, según el Decreto 1280 de 2024 firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y respaldado por el presidente Gustavo Petro. Esta medida, que comenzó a regir desde el 16 de octubre de 2024, busca avanzar en las conversaciones de paz con este grupo armado que opera en regiones como Meta, Caquetá, Guaviare y Huila.

En el contexto de los esfuerzos de paz del gobierno de Petro, se han establecido mesas de negociación con varias organizaciones ilegales, incluyendo las disidencias de la Segunda Marquetalia, lideradas por alias Iván Márquez, y el ELN. Sin embargo, estos diálogos enfrentan dificultades, como lo demuestra la crisis actual en las conversaciones con el ELN.

A pesar de estos esfuerzos, algunos procesos de paz han fracasado, como las negociaciones con las disidencias de Iván Mordisco, que se rompieron a mediados de este año. Esto llevó al Ejército a lanzar la Operación Perseo para recuperar el control del corregimiento de El Plateado en Argelia, Cauca.

Desde que asumió el poder, el presidente Petro ha iniciado al menos siete procesos de paz con guerrillas, disidencias de las antiguas Farc y bandas urbanas. Recientemente, anunció nuevos diálogos con el Clan del Golfo y el Ejército Gaitanista de Colombia.

Mientras tanto, el Gobierno colombiano continúa sus esfuerzos para avanzar en las conversaciones con las disidencias de las FARC, esperando que el cese al fuego permita un progreso significativo en las negociaciones. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz está a cargo de supervisar estos avances durante el período de cese al fuego.