Un conjunto de 56 entidades de la sociedad civil, comunidades étnicas y personas afectadas por el conflicto armado en Colombia ha dirigido una carta a las Naciones Unidas para manifestar su inquietud acerca de los significativos retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 –durante el gobierno de Juan Manuel Santos– con la extinta guerrilla de las Farc. Este acuerdo, diseñado para poner fin a más de 50 años de confrontación armada, se enfrenta a obstáculos considerables en su ejecución, especialmente bajo la presidencia de Gustavo Petro.
Según el documento, el acuerdo estableció un tiempo de 15 años para su implementación total, pero sufrió múltiples retrasos que provocó lo que las organizaciones describieron como “crisis humanitarias” en varias regiones del país, de acuerdo con RCN Radio, que obtuvo acceso al documento.
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Las zonas más afectadas son aquellas donde la presencia estatal es limitada y donde los actores armados ilegales aún tienen un fuerte control territorial. “Los retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz (...) generan crisis humanitarias en áreas con limitada presencia del Estado, así como graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, señala el texto dirigido a la ONU, según el medio en mención.
Es importante resaltar que, en julio de 2024, el Gobierno nacional solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que evalúe la opción de extender el período de implementación del Acuerdo de Paz más allá de los 15 años establecidos inicialmente, petición que fue realizada por el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo.
“Estamos proponiendo que se dé un ajuste del plan marco de implementación que se diseñó para ser implementado en 15 años y con los rezagos hay que considerar muy seriamente la posibilidad de extender el periodo de implementación de ese plan marco”, aseguró Murillo sobre la propuesta que el presidente Gustavo Petro.
Respecto a esto, no se tiene información si hay una respuesta oficial por parte de la ONU; sin embargo, se conoce que el documento de las víctimas también critica la política de “Paz Total” impulsada por el presidente Petro, bajo el argumento de que se desvió la atención de la ejecución de los compromisos establecidos en 2016.
Para los firmantes, es crucial que el Gobierno priorice lo acordado en el pacto original, dado que la paz y la justicia para las víctimas solo se lograrán mediante la adecuada implementación del Acuerdo de Paz: “Lo acordado en 2016 debe ser implementado como prioridad”.
Preocupación por la inseguridad y la impunidad
Además de señalar los retrasos en la ejecución del acuerdo, las organizaciones firmantes expresaron su alarma por la falta de avances en el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y en la garantía de seguridad para las comunidades más vulnerables.
De acuerdo con la fuente citada, en la carta se destacó la necesidad de proteger a líderes sociales y a defensores de derechos humanos, quienes continúan siendo blanco de amenazas y asesinatos en diversas regiones del país: “Lo necesitamos para construir una paz con dignidad y garantizar la no repetición del conflicto”.
Entre las propuestas concretas, las organizaciones pidieron la creación de una entidad especial dentro de la Presidencia de la República que se encargue de coordinar de manera directa la implementación del Acuerdo de Paz. Consideran que esta figura sería clave para garantizar que los avances sean consistentes y supervisados de manera efectiva durante los dos años restantes del Gobierno de Petro.
Es importante resaltar que la negociación en 2016 representó una gran esperanza para las comunidades más afectadas por el conflicto en Colombia, ya que se consideraba una garantía para la seguridad de sus territorios y una oportunidad para cerrar las brechas de pobreza y debilidad institucional; sin embargo, después de ocho años, fue necesario evaluar los avances, las metas y los plazos establecidos en el acuerdo, así como la urgencia de incluir en la agenda política del país la necesidad de ampliar el tiempo para cumplir con estos compromisos.
La implementación del acuerdo atravesó tres administraciones, cada una con distintos enfoques y prioridades que han impactado su ejecución. Aunque se lograron ciertos avances, como el abandono de armas por parte de las Farc y el establecimiento de programas de desarrollo, existen importantes rezagos, especialmente en áreas como la seguridad, la entrega de tierras y el cumplimiento de derechos de las víctimas.
La implementación de las medidas para abordar el problema de las drogas ilícitas fue insuficiente, y la falta de progreso en la reparación integral y la búsqueda de desaparecidos fue desalentadora, de acuerdo con un análisis revelado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).