No paran las dudas sobre el concierto organizado por el Sistema de Medios Públicos Rtvc el 5 de julio en la plaza de Bolívar para apoyar a Palestina en medio de la guerra que se vive en Medio Oriente, después de que la Procuraduría General de la Nación solicitara aclaraciones sobre el evento que costó unos 2.295 millones de pesos.
De hecho, según un comunicado del Ministerio Público, la principal preocupación radica en el contrato 1413-2024, suscrito en medio de un plan de austeridad decretado por el Gobierno nacional, por lo que el procurador Marcio Melgosa, delegado primero para la vigilancia de la función pública, exigió el primero de agosto de 2024 a Rtvc que explicara las razones detrás de la necesidad de realizar este evento, así como los estudios técnicos que lo respaldaban.
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Sin embargo, en la mañana de este martes 15 de octubre, se conoció el documento que emitió el sistema de medios públicos a la Procuraduría, en el que explicó las razones para contratar de manera directa Evenpro Entretenimiento S.A.S. por un monto de 2.200 millones de pesos para la producción del “Concierto de la Esperanza”.
Según Rtvc, la selección de Evenpro se justificó porque esta empresa tenía la representación exclusiva de los artistas que participaron en el concierto, lo que permitió una contratación directa conforme a su manual de contratación. Este documento permite contrataciones directas bajo ciertas causales, como la exclusividad de proveedores y el posicionamiento de marca.
Rtvc defendió su decisión argumentando que la oferta de Evenpro fue evaluada técnicamente y cumplió con todos los requisitos logísticos y técnicos necesarios para el evento. Además, la entidad aseguró que la propuesta económica de Evenpro se ajustaba al presupuesto asignado, garantizando la calidad del concierto sin generar sobrecostos imprevistos.
En respuesta a las inquietudes sobre la inclusión de esta contratación en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), Rtvc aclaró que el evento estaba contemplado en las filas 1027 y 1028 del documento presentado a la Procuraduría.
Sin embargo, la entidad reconoció que la inclusión en el PAA no obliga a realizar un proceso competitivo, dado que la naturaleza de la contratación permite discrecionalidad en la planeación.
Pero la Procuraduría ha solicitado mayor claridad sobre los criterios de selección utilizados y el cumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia en la contratación pública. Para el ente de control, es esencial que un evento de esta magnitud tenga una justificación clara y documentada que explique cómo los recursos asignados contribuyen a un objetivo público legítimo.
El análisis de la Procuraduría también se centra en la proporcionalidad del gasto, sugiriendo que el costo del concierto debería estar justificado por un impacto relevante para el país, tanto en términos humanitarios como para el cumplimiento de los objetivos de Rtvc.
La entidad de control enfatiza que el gasto debe ser coherente con las normas de contratación pública, asegurando que los recursos se asignen de manera eficiente y transparente.
Asimismo, la directiva de Rtvc ha sostenido que el evento siempre se ha realizado en el país como un símbolo de paz y compromiso social desde su creación en 2012, por lo que el encuentro de este año buscaba enviar un mensaje de resiliencia y concienciación en apoyo a la crisis humanitaria en Palestina.
Además, Holman Morris, gerente de Rtvc, sostuvo que el concierto no solo era un espacio para la expresión artística, sino también un foro para la defensa de los derechos humanos, además de ser un escenario para reforzar la cultura de paz en el país.
Entretanto, la Procuraduría General de la Nación se encuentra en el análisis de la respuesta por parte del sistema de medios públicos para pronunciarse en las próximas semanas, lo que podría definir la apertura de una investigación contra los creadores y contratistas del evento.