Fiscalía inició práctica de pruebas por denuncias contra magistrados del CNE por el caso ‘Petro Presidente’

La Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación por la denuncia del delito de prevaricato contra los siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que determinaron formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, al encontrar indicios de que se violaron los topes establecidos por la ley en más de $5.000 millones.

Entre las labores judiciales que estarán a cargo de este órgano de control, junto a la Policía Nacional, se adelanta la solicitud de una copia de la decisión que adoptó el CNE durante los hechos.

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La denuncia recayó sobre los magistrados autores de la ponencia Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz y Alfonso Campo. Asimismo, contra Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y el presidente del CNE César Lorduy, que apoyaron la investigación en contra del presidente de la República.

En ese sentido, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que se encuentran trabajando en la recolección de pruebas para tomar decisiones sobre la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente, que lideraba Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

“La denuncia fue asignada a la Fiscalía Delegada ante la Corte, donde además cursan algunas investigaciones también por temas de financiación de campaña a la Presidencia de la República, entre ellas, por asignación especial, la de quien fuera gerente de la campaña del hoy presidente, doctor Gustavo Petro. El tema es que las investigaciones están avanzando, se está trabajando en ellas, que es la garantía que yo les puedo dar”, indicó.

Es importante recordar que al jefe de Estado lo investigan luego de que la entidad encargada de vigilar los procesos electorales encontrará inconsistencias en los libros financieros de la campaña Petro Presidente, específicamente un posible aporte de capital por parte de la captadora ilegal DailyCop, que habría financiado los vuelos en los que se transportó.

De igual manera buscan determinar si se realizó un pago a más de 50.000 personas que fungieron como testigos electorales en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de 2022, además de indagar en una posible negligencia en el cumplimiento de aplicativo Cuentas Claras, sobre dineros presuntamente entregados por el sindicato de maestros Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), así como una factura por concepto de publicidad.

Ante el pliego de cargos presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el equipo jurídico del presidente de la República, Gustavo Petro, ya tiene preparado varios argumentos para contrarrestar las denuncias por parte de los magistrados implicados en el caso.

El abogado defensor, Mauricio Pava, pretende demostrar que no existe una irregularidad en los reportes entregados por la Aerocivil y Sadi.

“La discrepancia (...), con respecto a los vuelos reportados por Sadi, no representan irregularidad, pues los magistrados no tuvieron en cuenta que la empresa es de transporte y tiene más clientes”, se lee en el documento revelado por El Tiempo.

En cuanto a las facturas, Pava aseguró que fueron anuladas por las renegociaciones con Sadi, en la que se redujo el valor a $2.770 millones, casi la mitad menos que el precio que se había pactado.

“Se anularon varias facturas en el proceso. En primer lugar, hubo una renegociación con Sadi porque ya eran clientes antiguos desde la campaña al Senado, esto les permitió negociar nuevamente 20 días después de haber firmado el contrato de primera vuelta, pues era evidente que iban a usar el avión mucho menos de lo que se les cobraría, así bajó el valor total de 4.190 millones a 2.770 millones de pesos”, puntualizó el documento que dio a conocer el medio citado.