Acusan al senador Fabián Díaz de presuntamente utilizar recursos públicos para impugnar las elecciones de funcionarios opositores

La firma de abogados Hollman Ibáñez presentó una demanda contra el senador Fabián Díaz Plata, representante del Partido Alianza Verde, por el uso indebido de bienes, recursos y las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) del Congreso para emprender acciones legales contra alcaldes y gobernadores de derecha o, más específicamente, opositores al Gobierno nacional.

Entre los afectados se encuentran el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán; el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus; y Óscar Santos, todos blancos de las denuncias del senador. Según la demanda, esta persecución política estaría siendo financiada con los recursos del Congreso de la República, lo que es el sustento mismo de la acusación.

Fabián Díaz Plata comenzó su carrera política como representante a la Cámara en 2018 y luego accedió al Senado en 2022. Además de su participación en el estallido social de 2021, Díaz ha manifestado abiertamente su apoyo a la llamada primera línea y ha sido uno de los legisladores más activos en promover las reformas propuestas por el Gobierno Petro, incluyendo su papel en reactivar el estudio de la reforma a la salud en el Senado.

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Díaz Plata ha intensificado sus críticas hacia líderes políticos como los mencionados, particularmente el alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander, ambos duros críticos de Gustavo Petro. Esta ofensiva no se ha limitado al ámbito discursivo en el Congreso, sino que ha trascendido hacia acciones legales en las que se acusa a estos mandatarios de doble militancia. Uno de los casos más notorios es el del alcalde Jaime Andrés Beltrán, quien, según el entorno del petrismo, ha sido objeto de injurias y calumnias, así como de demandas lideradas por Díaz Plata.

El elemento más controvertido del caso es el supuesto uso de recursos públicos del Congreso para financiar estas demandas. Según la firma de abogados Hollman Ibáñez, las Unidades de Trabajo Legislativo del senador Díaz se han centrado casi exclusivamente en preparar demandas y documentos en contra de sus opositores, utilizando dinero público para cubrir los costos de abogados y la producción de material legal. Este hecho, afirman, constituye un uso indebido de los recursos del Estado, ya que el senador no ha presentado ningún proyecto significativo para el departamento de Santander desde que asumió su cargo.

Ante estos hechos, la firma Hollman Ibáñez ha demandado al senador Fabián Díaz Plata por pérdida de investidura, argumentando que su comportamiento atenta contra la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, tal y como se recoge en la demanda presentada ante las autoridades competentes.

Este caso pone de relieve el creciente conflicto político entre el petrismo y los mandatarios de derecha en el país, particularmente en la región de Santander, donde las diferencias ideológicas se han intensificado en los últimos años con la llegada de los líderes políticos a puestos públicos en esa región.

El proceso contra Beltrán tiene varias aristas. Se le acusa de haber respaldado públicamente a candidatos de otros partidos durante la campaña electoral de 2023, a pesar de haber sido elegido bajo el aval del partido Colombia Justa Libres.

Entre quienes han presentado las demandas de nulidad están Juan Nicolás Gómez Herrera, Édgar Solier Millares Escamilla, Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, y el senador Fabián Díaz Plata, de la Alianza Verde. Los demandantes argumentan que Beltrán debió renunciar a su anterior filiación partidaria, al menos un año antes de las inscripciones locales, algo que presuntamente no ocurrió.

El tribunal también abordó la tacha de falsedad propuesta por la defensa del alcalde. Según el abogado Gómez, esta se centró en impugnar la veracidad de los videos que, presuntamente, prueban la doble militancia. La corte aceptó el trámite y convocará a una próxima audiencia para que los peritos se pronuncien sobre la autenticidad de los videos en un plazo de diez días hábiles.

En la audiencia del pasado 5 de septiembre, además de formalizar las pruebas, el Tribunal negó una solicitud anterior del abogado defensor de Jaime Andrés Beltrán para ampliar el término otorgado para aportar el dictamen pericial de los videos presentados. Esta decisión se suma a una serie de negativas previas que han afectado las peticiones de la defensa, minando sus intentos de relativizar las pruebas de supuesta doble militancia.