El presidente Gustavo Petro y su equipo legal ya empezaron a moverse para enfrentar las acusaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que decidió investigar al jefe de Estado y a varios de sus colaboradores en campaña por las presuntas violaciones a los topes de financiación electoral.
De hecho, se cree que la campaña del hoy primer mandatario se habría excedido en unos 5.300 millones de pesos en las dos vueltas electorales. Sin embargo, la defensa de Petro ya tiene listo un arsenal de pruebas que contrarrestarían los cargos que de los que le acusa el organismo electoral.
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El foco del debate ha sido que el CNE no puede investigar administrativamente al presidente debido a su fuero. Sin embargo, el pliego de cargos incluye a otros investigados que deben responder por conductas que podrían ser penales desde 2017.
Entre los señalados se encuentran Ricardo Roa, gerente de la campaña; Lucy Aydee Mogollín Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores; así como el movimiento político Colombia Humana y el Partido Unión Patriótica (UP).
Uno de los puntos más destacados en las acusaciones es el supuesto exceso en el uso de servicios de transporte aéreo proporcionados por la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS). Sin embargo, según un documento conocido por El Tiempo, mostró que el abogado defensor del presidente, Mauricio Pava, intenta demostrar que existe una irregularidad en los reportes entregados por la Aerocivil y Sadi.
Mientras la empresa aérea certificó solo 73 vuelos para la primera vuelta y 14 para la segunda, la autoridad aeroportuaria reportó al CNE que la campaña del presidente contrató 88 y 28 vuelos, respectivamente. “La discrepancia (...), con respecto a los vuelos reportados por Sadi, no representan irregularidad, pues los magistrados no tuvieron en cuenta que la empresa es de transporte y tiene más clientes”, se lee en el documento revelado por el diario nacional
Además, Pava asegura que hubo una malinterpretación del contrato por parte del CNE, pues existía una cláusula de exclusividad para los vuelos de la campaña, más no de la aerovane en la que se transportó el entonces candidato y su equipo de trabajo.
“Lo que los confundió es que en el contrato establecía que cuando volara para la campaña se transportara exclusivamente a personas de la campaña, es decir una exclusividad en cada vuelo más no una de todo el avión”, se lee los alegatos.
En cuanto a las facturas, la defensa de la campaña Petro explica que varias fueron anuladas debido a renegociaciones con Sadi, lo que redujo el costo total de 4.190 millones a 2.770 millones de pesos. El togado también menciona errores en la facturación, como un IVA mal calculado y costos incorrectos de la ambulancia aérea, lo que llevó a más anulaciones registradas en la Dian.
“Se anularon varias facturas en el proceso. En primer lugar, hubo una renegociación con Sadi porque ya eran clientes antiguos desde la campaña al Senado, esto les permitió negociar nuevamente 20 días después de haber firmado el contrato de primera vuelta, pues era evidente que iban a usar el avión mucho menos de lo que se les cobraría, así bajó el valor total de 4.190 millones a 2.770 millones de pesos”, se lee en el documento revelado por El Tiempo.
Además, se ha advertido sobre eventos y pagos posteriores a la campaña que se han incluido erróneamente en las acusaciones, como un evento en el Movistar Arena y el pago a testigos electorales. También se menciona que aportes de organizaciones como Fecode y la USO fueron rechazados y redireccionados, información que ya ha sido presentada a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.