La Procuraduría está vigilando la operación en el El Plateado, Cauca: pide proteger a la población civil

La Procuraduría General de la Nación informó que está vigilando de manera cercana el desarrollo de la operación militar iniciada el sábado 11 de octubre de 2024 en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia (Cauca).

Esta operación que tiene como objetivo restaurar el orden público en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado, ha generado preocupación en distintos sectores, debido a las graves afectaciones sufridas por la población civil, que se encuentra en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas militares y grupos armados ilegales.

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El departamento del Cauca ha sido históricamente uno de los más golpeados por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales. Durante el primer semestre del año, el Ministerio Público registró 123 eventos que alteraron el orden público, lo que refleja la alta conflictividad que vive la región. Estos incidentes han involucrado desde ataques a la infraestructura pública hasta enfrentamientos armados que han dejado múltiples víctimas, incluyendo un alto número de civiles afectados.

Por tal motivo, la Procuraduría expresó su preocupación por la magnitud de estos hechos, ya que un porcentaje significativo de estos ataques –un 42% según el informe del ente de control– ha sido dirigido contra la población civil. Este fenómeno demuestra que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, los civiles continúan siendo las principales víctimas del accionar de los grupos armados en el Cauca, lo que representa una violación grave a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En este contexto, la Procuraduría General de la Nación manifestó su rechazo absoluto al uso de bienes protegidos por el DIH durante los enfrentamientos. Según los reportes oficiales, algunas de las viviendas de los pobladores de El Plateado fueron utilizadas por miembros de los grupos armados ilegales para resguardarse y enfrentar el ingreso de las tropas militares al territorio.

La Procuraduría también denunció el uso indiscriminado de drones con explosivos por parte de los grupos armados ilegales, una estrategia que, hasta el momento, ha dejado un saldo parcial de 17 civiles heridos. Este tipo de armamento no solo incrementa el peligro para la población, también agrava la situación de inseguridad en la zona, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de los habitantes de El Plateado.

Además de la situación humanitaria, la Procuraduría ha alertado sobre la presión que algunos grupos de personas estarían ejerciendo sobre las tropas, exigiendo su retiro del territorio. Este constreñimiento podría estar relacionado con intereses de los grupos armados ilegales, que buscan mantener su control en la región. Ante esta situación, la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades del Estado para que concentren sus esfuerzos no solo en la restauración del orden público, sino también en brindar una oferta integral de servicios a la comunidad.

La Procuraduría insistió en que el Estado debe garantizar la seguridad de los habitantes, pero también proveer oportunidades y condiciones dignas para los ciudadanos que se encuentran en medio del conflicto.

Asimismo, la Procuraduría reiteró su llamado a las comunidades del Cauca para que utilicen los mecanismos legales establecidos para denunciar posibles excesos en el uso de la fuerza por parte de los uniformados.

El Ministerio Público enfatizó que la seguridad es un derecho de todos los colombianos y que debe garantizarse en el marco del respeto a los derechos humanos y al DIH. Por ello, mantendrán una presencia activa en el territorio, trabajando en coordinación con las personerías municipales, organismos internacionales y las comunidades, para hacer un seguimiento constante a la situación.

Finalmente, la Procuraduría aseguró que continuará vigilando la situación en El Plateado y en otras zonas del Cauca, con el fin de anticiparse a posibles escenarios de riesgo y prevenir que la población civil siga siendo víctima de los enfrentamientos. Para ello, se han habilitado canales de comunicación permanentes con las autoridades locales y regionales, así como con las comunidades afectadas, para garantizar que se adopten las medidas necesarias para proteger a los civiles y restaurar la paz en la región.