Cada dos días muere un líder social en Colombia, alertó la Procuraduría

Durante un encuentro con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Procuraduría General de la Nación reveló una cifra alarmante frente a los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

Según el organismo de control, desde el primero de enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2024, se han registrado 1.420 homicidios en el territorio nacional; es decir que, en promedio, un líder social muere cada dos días, lo que denota las preocupaciones de las autoridades por implementar medidas urgentes para evitar esta problemática.

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La reunión, que estuvo liderada por Greg Howell, administrador asistente adjunto superior para América Latina y el Caribe de la Usaid, tuvo como eje central el fortalecimiento de cooperación entre ambas entidades y promover nuevas alternativas que garanticen la seguridad de los líderes en el territorio nacional.

Allí, la Procuraduría presentó una serie de recomendaciones al Gobierno nacional, que se basan en mejorar la protección de estas personas en el país, así como el aumento del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto y coordinar esfuerzos interinstitucionales para desmantelar las estructuras criminales que atemorizan la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

De igual manera, la entidad precisó que la falta de avances en la implementación de medidas de seguridad ha llevado a que la Corte Constitucional haya declarado un Estado de Cosas Inconstitucional, reconociendo que las políticas actuales no son suficientes para garantizar la seguridad de los defensores ubicados en regiones como Cauca, Chocó, Norte de Santander, Arauca y Antioquia, entre otros.

“La Procuraduría continúa insistiendo en la necesidad de formular e implementar planes integrales de prevención y rutas de protección específicas, tanto individuales como colectivas, para detener la ola de violencia y proteger a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más equitativa”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

En el mes de septiembre, la Procuraduría General de la Nación emitió una nueva circular dirigida a las autoridades competentes como la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa Nacional, Ambiente y Desarrollo Sostenible e Interior, y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que se implementen acciones concretas que garanticen la vida de los líderes sociales y defensores del medio ambiente en el país.

Según la circular 08 del organismo de control, se les exhorta a las entidades mencionadas para que puedan hacer acciones contundentes frente a “fortalecer los mecanismos de protección, así como la activación de rutas de atención integral en aras de garantizar su seguridad y la de sus familias”.

El Ministerio Público se basó en el informe presentado por Global Witness denominado “Voces silenciadas, la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente”, que ubicó a Colombia como uno de los países con mayor tasa de homicidios de personas defensoras del medio ambiente en el mundo, al registrar 79 asesinatos durante el año 2023.

De ellos, la mayor parte de estos ataques ocurrieron en los departamentos de Cauca, con 26 crímenes, seguido de Nariño con 9 y Putumayo con 7, respectivamente.

En ese informe, resaltan que el asesinato ha sido la principal práctica para silenciar a los defensores, seguido de los actos de violencia, la intimidación, las campañas de desprestigio y criminalización, que han sido utilizadas por actores armados para “infundir temor y favorecer las disputas por la tierra y las violaciones a los derechos humanos”.

“El Ministerio Público exhortó a las autoridades destinatarias a implementar y fortalecer los mecanismos de protección existentes, fortaleciendo la coordinación interinstitucional e impartir capacitaciones a funcionarios públicos sobre los derechos de los defensores ambientales”, manifestó la Procuraduría General.

Finalmente, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero-energéticos y Agrarios les notificó que, a partir de la fecha, deberán remitir mensualmente las actuaciones desplegadas en el marco de sus competencias para el cumplimiento de lo previsto en la Circular y en el ratificado Acuerdo de Escazú.